Notas al margen
David Fernández
El problema del PSOE-A no es el candidato, es el discurso
El pasado martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el proyecto de ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía. En él se integran una parte de la organización administrativa de la Consejería de Salud, alguna fundación pública y la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada. Aunque queda la tramitación parlamentaria, que será rápida por el rodillo de la mayoría absoluta, parece inminente la desaparición de otra institución con sede en Granada y su integración en una nueva estructura, con forma de Agencia, ubicada en la Consejería de Salud, esto es, en Sevilla.
A partir del año 2020 estamos asistiendo en Andalucía a un proceso paulatino de centralismo institucional, con la pérdida de autonomía o la desaparición de los entes que tienen su sede en Granada. Sabemos que el Parque de las Ciencias, el Patronato de la Alhambra y, más recientemente, la empresa pública de la estación de esquí de Sierra Nevada han perdido su autonomía de gestión económica, contable y presupuestaria. Antes de mover un papel tienen que llamar a Sevilla pues se han cerrado hasta las cuentas en las entidades financieras ubicadas en Granada. El Legado Andalusí y el Centro de Documentación Musical de Andalucía tampoco existen ya como instituciones autonómicas. Y ahora le toca a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lo sorprendente es que la ‘Granada de la queja’, siempre tan quisquillosa, asiste con indiferencia a este proceso centralizador. No sabemos si les parece bien, mal o regular pues, simplemente, se ha impuesto la ley del silencio; de este asunto no se habla.
La desaparición de la Escuela Andaluza de Salud Pública supone un fuerte golpe para Granada pues significa perder la relevante posición en materia de salud pública a nivel nacional e internacional que había conseguido la ciudad precisamente por la actividad desarrollada en la Escuela durante muchos años. Por ello, parece una broma de mal gusto que, en paralelo, la Junta pretenda que Granada sea la sede de la Agencia de Salud Pública de España. Para aspirar a ello, lo primero tendría que ser reforzar la institución de salud pública que ya existe, en lugar de opacarla y ningunearla, como se ha hecho en los últimos años, hasta terminar negándole la personalidad jurídica. Incluso debería anunciar públicamente que el Instituto de Salud de Andalucía tendrá su sede en Granada. De esta forma, sería creíble la aspiración de ser la sede de la agencia estatal. Pero ¿si la Junta no considera a Granada la referencia en salud pública ni siquiera de Andalucía, cómo puede pretender que lo sea de toda España?
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