Juana Rivas y el peculiar caso del juez Piñar

Juana Rivas ganó hace un año la batalla mediática, la de la calle y la de las redes sociales, pero acaba de perder la realmente importante: la de la justicia. Una durísima sentencia la condena a cinco años de prisión, le arrebata otros seis la patria potestad de sus hijos y la obliga a pagar las costas del juicio y a indemnizar a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, con 30.000 euros.

Nada en este caso tiene una lectura aislada. Todo se mueve entre lo simbólico y lo ejemplar. Entre la distorsión del expansivo movimiento feminista y el descrédito creciente de unos tribunales que exceden peligrosamente su cometido social. Hemos pasado de "Juana está en mi casa" a "Vergüenza de justicia, que encarcela a Juana y suelta a La Manada"; del "Todos somos Juana" al "Basta ya de justicia patriarcal".

El verano pasado la madre de Maracena fue portada en toda España cuando salió de los juzgados con los brazos en alto. Quedaba en libertad provisional después de incumplir varias resoluciones judiciales, desafiar a los agentes de la Guardia Civil -la buscaron por media docena de paraderos diferentes- y permanecer casi un mes escondida con sus dos pequeños. Fue una victoria efímera. El prólogo de un calvario.

El 18 de julio compareció ante el juez de lo Penal 1 de Granada compareció ante el juez de lo Penal 1 de Granaday lo intentó convencer de que se saltó la ley para proteger a sus hijos, reconoció que estuvo mal asesorada y sostuvo insistentemente -sin éxito- que era víctima de malos tratos.

El magistrado no la creyó. Manuel Piñar le reprochó en numerosas ocasiones que situara el caso en el ámbito de la violencia machista y le recordó -machaconamente- que se enfrentaba a un delito de sustracción de menores: por quedarse con sus hijos en España sin el consentimiento del padre desde que volvió de Italia en mayo de 2016 y por hacer caso omiso de varias resoluciones que le ordenaban la entrega en aplicación del convenio de La Haya.

Ahora la castiga con una sentencia demoledora. La dejó lista el mismo día de la comparecencia. Trece folios en los que le impone la pena máxima que solicitaban las acusaciones (la Fiscalía y el letrado de Arcuri) y en los que llega a deslizar que debería ser aún mayor. El magistrado cree que la madre granadina usó la "excusa" de los malos tratos para obtener la custodia de sus hijos -alude a las denuncias falsas de maltrato-, le recrimina que "arengara" a una "multitud irreflexiva y visceral" para que se hiciera cómplice de su causa y le reprocha que haya actuado con "renuente cinismo" afectando gravemente a la "dignidad" y el derecho al "honor de Francesco".

Y va más allá: prácticamente plantea que Juana Rivas fabricó la denuncia contra su entonces pareja para conseguir una posición de privilegio en el proceso de divorcio e, incluso, denuncia un espúreo trasfondo económico detrás; para obtener una ayuda "de esas que España concede a mujeres maltratadas".

Con independencia del recorrido del proceso -su abogado anunció el mismo viernes que se recurrirá una sentencia que evidencia el "fracaso del sistema judicial italiano y español"-, el escrito vuelve a poner el foco en el papel de los jueces, en sus controvertidos argumentos y en sus más que cuestionadas sentencias ejemplares.

El juez Piñar no le permitió a Juana Rivas que explicara su situación de violencia en casa -apela en la sentencia a los informes psicológicos de los menores y a la inexistencia de denuncias posteriores a los episodios de 2009 por los que Arcuri fue condenado- pero él sí que se aventura a dar por probado que todo es una ficción obviando deliberadamente la denuncia que la madre interpuso en julio de 2016 y que sigue guardada en un cajón. Esa que todavía no ha empezado ni a investigarse…

No es la primera vez que este magistrado provoca la polémica. En el mes de agosto de hace diez años, el propio juez Piñar fue el protagonista mediático cuando decidió absolver a un conductor ebrio por considerar ilegales los controles de tráfico. Argumentó que el test de alcoholemia vulneraba el principio de igualdad frente a otras sustancias estupefacientes. Criticaba que a los conductores se vean "acosados y sometidos a una inquina persecutoria" con "obsesivos" controles y provoquen situaciones de "verdadero estado de ruina personal" por acudir, por ejemplo, a una "simple celebración" y "tener la desgracia de ser pillado".

En noviembre de 2015 volvió a la primera página cuando se negó a suspender la condena a prisión de un joven granadino que había matado al perro de su madre lanzándolo contra la pared y tirándolo por la ventana.y tirándolo por la ventana. Se negó a absolverlo por la "tendencia a la violencia" del chico "contra todo ser vivo, sea persona o animal" y porque era evidente que su madre estaba muy "afectada", vivía una situación "desesperante" y se expresó con "coherencia, fluidez y espontaneidad" sin apreciarse gestos de "animadversión, enemistad, venganza, rencor o rechazo hacia el acusado".

Porque ella dijo la "verdad" y él era un "teatrero" con antecedentes violentos. En la sentencia inicial -la dictó en enero de ese mismo año- lo condenaba además por una falta de vejaciones por llamar a su progenitora "puta", "guarra", "drogadicta" y "mala madre".

Ayer mismo, corrió como la pólvora en las redes sociales una sentencia que dictó en 1999 cuando estaba al frente de un juzgado de Almuñécar en la que rebajaba la indemnización a una joven que sufrió un accidente de tráfico porque la cicatriz no era muy visible y podía resultar hasta "atractiva".

Ahora despacha en 13 folios uno de los casos que más recorrido mediático y político ha tenido en los últimos años en un momento de especial tensión por el papel de la justicia en la lucha contra la violencia machista. Juzga lo suyo y lo ajeno, levanta a las asociaciones feministas y reactiva el debate nacional sobre la aplicación del código penal y la falta de formación, sensibilidad y visión ante uno de los problemas más complejos y graves que vive la sociedad española.

No había necesidad. ¿Juana Rivas se inventó los malos tratos? Que se investigue. ¿Hay denuncias falsas en España? Que se investiguen. Pero nada de esto se dirimía esta semana en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada. ¿Juana Rivas se saltó la ley cuando se escondió con sus hijos? El magistrado Manuel Piñar así lo concluye pero lo hace con una sentencia que, justo como le recrimina a la madre de Maracena, parece más fabricada que ejemplar.