Ley y menores

TRAS el eco que nos dejan los casos de sendas violaciones de menores en Baena y en Isla Cristina, argumentar a favor de la reforma de la ley del menor podría interpretarse como un intento ventajista. No hacerlo, y dejar inadvertido el problema, también podría ser motivo para acusar de lo contrario.

Es cierto que el debate habría que reconducirlo hacia el estado de la educación, evitando la tentación de echar la culpa al profesor, que es un pequeño eslabón de la cadena, al cual, encima, nuestros legisladores le han restado la autoridad de la que siempre había gozado.

Preguntémonos también si nuestros deberes como padres están siendo cumplidos, o si, por el contrario, hemos convertido la enseñanza en el aparcamiento donde guarecer a los chaveas unas horas al día.

Abdicar de la autoridad que los padres tienen sobre sus hijos menores es endilgar el problema a otro. Creer que la personalidad del menor es algo que se construye solo, es ajeno a la responsabilidad familiar. Admitiendo que un adolescente que viola a una niña no aprende eso en casa, ni tampoco en el colegio, sí hemos de reconocer que la intensidad formativa en distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, sufre una severa crisis en nuestra sociedad.

Los adolescentes, objeto de la polémica, tienen entre 12 y 15 años; por tanto, su formación ha sido íntegramente desarrollada en democracia. Dado que la educación para la ciudadanía que han recibido tampoco ha surtido el efecto deseado, el sistema educativo (con tantas lagunas), debería de plantearse entre sus urgencias si los valores que transmite a los alumnos (respeto, igualdad, tolerancia) están siendo hábilmente explicados, si se asume cordialmente por los menores, y si son comprendidos por ellos.

Todo lo cual no debe de estar reñido con una revisión de la ley que castigue a los menores delincuentes con la dureza ajustada a sus fechorías. Habrá quien diga que la sociedad también es culpable, pero ese no es un atenuante válido para exculpar al delincuente menor. Como tampoco lo es cuando el delincuente es mayor.

La ley, como instrumento coercitivo, es un derecho de la sociedad democrática, y por tanto, su laxitud en los casos de menores, vistas las experiencias sufridas hasta el momento, ha de tener una respuesta legal inmediata.