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David Fernández
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La tribuna
SIN duda, la implantación de una partitocracia bipartidista de alternancia fue una de las operaciones claves de la llamada Transición política, tras la muerte del dictador. UCD y PSOE primero y PP-PSOE después coincidieron y siguen coincidiendo en la defensa de un mismo modelo económico y político, más allá de matices o desacuerdos en algunas cuestiones y del espectáculo de confrontación que les conviene escenificar para convencer a los ciudadanos de que constituyen alternativas diferentes.
Esa confluencia de base es la responsable de la casi anulación de la división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial (la bochornosa forma de renovación, estos días, de los miembros del Tribunal Constitucional es un buen ejemplo de ello), con lo que sólo forzando mucho el concepto podría afirmarse que vivimos hoy en una democracia, incluso si entendemos ésta a la manera liberal más clásica. El clientelismo, la corrupción muy generalizada, las "puertas giratorias" por las que cada vez más individuos cuando dejan sus cargos políticos (o incluso sindicales) pasan a ocupar altos puestos en la banca o grandes empresas y viceversa, han llevado a una profundísima crisis de confianza en el sistema.
Romper el bipartidismo es una condición sin duda necesaria para cualquier intento de regeneración política. Es condición necesaria pero no suficiente, porque si en vez de dos hay cuatro partidos funcionando de la misma forma y en parejas, muy poco habremos adelantado. Porque, entonces, dos más dos no serían cuatro sino que seguirían reducidos a dos. La reapropiación por parte de los ciudadanos de su derecho a la participación política, es decir, no sólo a votar sino a conocer, debatir y decidir sobre los asuntos colectivos, que en eso consiste la democracia, estaría igual de lejos que ahora.
Viene todo esto al hilo de dos decisiones recientes del tripartito que compone hoy el Parlamento de Andalucía, que es la Cámara donde teóricamente reside la limitada capacidad legislativa del pueblo andaluz. ¿Es sólo anecdótico que PSOE, PP e IU se hayan puesto de acuerdo unánimemente para relevar a José Chamizo como Defensor del Pueblo Andaluz y para subir las dietas de un portavoz adjunto por grupo, además de las del presidente, intentando ocultar la medida? ¿Importa mucho que sean tres grupos, o que fueran cuatro, en vez de dos?, si todos se ponen de acuerdo para eliminar a quien les resulta incómodo, por asumir con independencia su cargo y no ser, como desearían, el colchón amortiguador de las reclamaciones y protestas, y para arrimar el ascua (los dineros) a sus respectivas sardinas (sus partidos) pactando no hacerlo público ¡mientras elaboran una que llaman Ley de Transparencia!
Puede que si IU no formase parte del Gobierno de la Junta no hubiera entrado en estos impúdicos tratos. No lo sé y nos quedaremos sin saberlo, porque la realidad es que ha participado en ellos plenamente, quizás porque ya tienen "responsabilidades institucionales" y están encantados con sus consejerías, sus direcciones generales y sus buenas perspectivas electorales con las que sueñan en repetir a nivel del Estado español el cogobierno del que disfrutan en Andalucía. Quizá se hayan planteado que no van a poner en peligro todo esto por menudencias éticas y se hayan propuesto convencer a los poderes reales de que ellos no cuestionan las reglas explícitas ni implícitas del sistema y de su stablishment. Y bien que lo están haciendo, más allá de la palabrería seudorradical con que a menudo tratan de maquillar este objetivo. Se nota que están muy a gusto tanto en el tripartito parlamentario (PSOE-PP-IU) como en el bipartito gubernamental (PSOE-IU), aunque para tratar de justificarse ante una parte de su clientela de votantes tengan que hacer cosas como mandar a algunas de sus caras conocidas a la concentración en solidaridad con Chamizo que hubo hace unos días en Sevilla. Primero lo echan y luego se solidarizan con él: sencillamente obsceno. Como obsceno, además de incomprensible, es que continúen formando parte de ese grupo político gentes y colectivos que plantean la transformación profunda del sistema. ¿De verdad creen que IU puede ser el instrumento o el eje adecuado para ello?
Diego Valderas, su todavía coordinador en Andalucía, explicó hace poco, en una entrevista en el Grupo Joly, en qué consistía el perfil definidor de este gobierno: en tener "un aroma de izquierda". Hemos de entender que el aroma lo pone IU. Alguien debería decirle que los aromas se pierden pronto cuando falta la sustancia, en este caso una política realmente diferente y no sólo palabras que en nada modifican la realidad. Y en las circunstancias actuales, pedir a quienes tienen hambre (no sólo de pan, trabajo, vivienda, educación o sanidad sino, sobre todo, de ética) que se conformen con el aroma sin sustancia es ya demasiado pedir. Es otra obscenidad inaceptable.
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