Abogado profano

De ser un abogado profano me libraron los seis abogados –la mayoría cristianos– que ya había en mi familia cuando, disruptivo, decidí estudiar Letras. De haber estudiado Derecho, hubiera terminado siendo un abogado laico. Y me hubiera dedicado a denunciar todos los atropellos que en nuestro país sufren la razón, la ciencia, la lógica, el sentido común, las reglas de urbanidad, el derecho y la Constitución. No entiendo por qué el código penal sanciona los ataques a los sentimientos religiosos y no los ataques a las creencias, de igual o superior rango, que deberían regir la convivencia de los ciudadanos en un estado laico. Incluso a los que nos cuesta odiar, cuando miramos el estado actual de la cosa pública, nos enrabietamos bastante. A diario, me siento odiado, menospreciado, ninguneado, obliterado, o como lo queramos llamar, por los que atacan mi religión que consiste en creer a pies juntillas en la ineludible relación que existe entre las causas y los efectos. Y todo el que no respete ese sentimiento profundo es un blasfemo para mí: creacionistas, blasfemos; terraplanistas, blasfemos; trumpistas, blasfemos; ayusistas, blasfemos; sanchistas, blasfemos; negacionistas del cambio climático, blasfemos; activistas de la desigualdad, blasfemos; fabricantes de bulos, blasfemos. Me siento agredido cuando compruebo cómo, del rey abajo, los boss se agarran al aforamiento o a la inviolabilidad que, hoy en día, en lugar de servir para lo que se creó -proteger a los padres de la patria de coacciones e injerencias en el ejercicio de su noble función de servidores públicos- se usa para cubrir los dislates reales y los abusos, el saqueo del erario y la desvergüenza con la que algunos aforados se sirven de lo público. Odiar, como amar, son sentimientos agotadores en los que uno no debe incurrir en demasía, pero el jueguecito que unos y otros han practicado con el decreto ómnibus, sin importarles la desazón que han podido crear en la población, puede llevarte a un estado de odio y aborrecimiento notables hacia los que se dicen ‘servidores públicos’. Exijo que se celebre de inmediato un referéndum en el que se nos pregunte si estos comportamientos deberían de ser incluidos en el mismo artículo del código penal que contempla los ataques a los sentimientos religiosos de una vaporosa mayoría de españoles.