
La ciudad y los días
Carlos Colón
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Hace unos meses, el padre de un amigo falleció. Aunque para la mayoría de la familia fue un alivio por la situación de deterioro físico y cognitivo que sufría en los últimos 3 años, es comprensible la tristeza y la sensación de vacío que me transmitía, cuando yo intentaba consolarlo. La familia había asumido casi en su totalidad el cuidado del enfermo en todo este tiempo. Y aunque lo hicieron con verdadera pasión y amor, sí que me profirió una queja: la escasa ayuda que habían recibido del estado. Tan solo dos horas diarias acudía un auxiliar para asear a un paciente con una demencia avanzada, confinado en cama. Además, precisamente esa cama articulada con colchón anti escaras tuvo que ser adquirida por la familia, porque ni los servicios sociales municipales, ni los dependientes de su área de salud fueron capaces de proporcionársela. Si bien tenía concedida la ampliación de la ayuda un año antes, estaba pendiente de que esta se hiciera efectiva. Dos meses más tarde de su fallecimiento, les llegó una carta comunicándoles la recepción de otras dos horas de asistencia en domicilio. Aunque la Ley de Dependencia, aprobada en España en 2006, establece el derecho a recibir asistencia, en la práctica, muchas personas fallecen antes de que se conceda o se haga efectiva dicha ayuda. Las largas listas de espera, la gestión de esta ley (transferida a las autonomías), la falta de financiación, una excesiva y lenta burocracia y la escasez de plazas en las residencias públicas, así como la exigüidad de personal cualificado (cuidadores), hacen de la tramitación de la ayuda a la dependencia un trámite interminable, que en gran parte de ocasiones llega tarde, o simplemente no llega. En muchas ocasiones escuchamos a nuestros impertérritos políticos/as hablar de las bondades y los logros del llamado “Estado del bienestar”. Pues bien, un pilar básico de este bienestar es la atención integral a las personas dependientes y a esta tarea deben dedicarse a fondo aquellos que nos gobiernan. Un aumento del presupuesto destinado a la dependencia, reducir drásticamente la burocracia, mejorando la coordinación autonomías-estado y reforzar los servicios públicos dedicados al cuidado de los dependientes, evitando la privatización de estos, son fórmulas que pueden evitar este retraso imperdonable. Los políticos prometen mejoras, pero el sistema sigue colapsado. Las familias cargan con el cuidado de sus seres queridos sin el apoyo necesario. Esta es una asignatura pendiente para nuestros gobernantes.
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