La comunidad 18

Por si nos faltara ya algo en esta legislatura, la nueva ocurrencia del Gobierno proponiendo la creación de la comunidad autónoma número 18, a modo de región virtual para reducir burocracia, va a terminar por confundirnos a todos. Y es que el Ministerio de Economía, inventor de la idea, quiere convocar a los gobiernos autonómicos para hablar del tema y ponerse manos a la obra en su nueva y singular tarea.

No estaría mal que la pesadilla burocrática que requiere cualquier trámite se pudiera simplificar, con una ventanilla única para la obtención de determinados permisos, pero una cosa es eso y otra utilizar el instrumento de una Administración territorial, concebida por nuestra Constitución con competencias ejecutivas y legislativas, para unos fines exclusivamente burocráticos, que además mermarían las competencias autonómicas en la materia.

O sea que, bajo esa apariencia territorial de comunidad autónoma, en verdad estaríamos ante un inconstitucional ejercicio de competencias autonómicas por el Estado, que realizaría tareas sin competencia para ello. Una centralización encubierta en toda regla, y aunque verdaderamente sería bueno que determinadas materias las solventara el Estado para todos los ciudadanos, no es lo que dice la Constitución Española y a ella hay que atenerse.

Y precisamente, ateniéndose a nuestra Carta Magna, ésta sí que prevé la creación de nuevas comunidades autónomas en sus artículos 143 y 144 para provincias “con entidad regional histórica”, la 18 podría ser perfectamente la del Reino de León, y la 19 la del Reino de Granada, casualmente ambos Reinos presentes en el escudo de España y que no tienen comunidad propia, a pesar de constituir territorios históricos diferenciados.

El modelo territorial autonómico de España, sin tradición alguna en nuestra Historia, ha demostrado no sólo ser fallido, sino estar completamente obsoleto, y las diferencias territoriales cada vez se agrandan más entre sus territorios, que se lo pregunten a Granada y León, completamente postergadas en las comunidad autónoma que les ha tocado padecer.

Tras más de 40 años de fracaso de Andalucía y Castilla y León, es de justicia histórica, territorial, jurídica y social que Granada y León pueda contar con sus propias autonomías que saquen a sus agraviados territorios de la preterición, la diferencia sangrante entre provincias y la alevosa usurpación institucional que padecen.

Olvídese pues el Gobierno de inventos sin encaje en nuestra Constitución y promuevan de una vez la creación de las comunidades 18 y 19 para León y Granada, porque quienes defendemos autonomías constitucionales no somos independentistas, y quienes pactan con independentistas no pueden acallar un sentimiento con el que no han podido más de 40 años de sumisión a unas autonomías equivocadas.