Un debate histérico

El problema de los debates políticos en España es su histerismo. Se envuelven en palabras grandilocuentes a las que se despoja de grandeza para ser utilizadas como armas arrojadizas. Lo estamos viendo en el debate sobre la amnistía. Se puede argumentar a favor o en contra pero volvemos al “España se rompe”, “se traiciona la transición”, “se viola la Constitución” o “se vende España por 7 votos”. Ahí queda eso.

Pues bien, España no se va a romper si las Cortes Generales perdonan el delito a unos cientos de personas que intervinieron en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Al contrario, se demostró entonces que contamos con instrumentos constitucionales adecuados para conjurar un intento de alterar el orden constitucional, al menos si se pretende hacer a través de leyes, resoluciones parlamentarias o referéndum ilegales. Tampoco entiendo la relación de este episodio con la transición política española. Se aborda un conflicto político que ha dividido prácticamente por la mitad a la sociedad catalana en el siglo XXI; nada que ver con la transición. Y, con ello, no se está violando la Constitución. Hay leyes de amnistía declaradas contrarias a la Constitución. Ocurrió con la de 1984, por vulnerar el principio de seguridad jurídica, o con la amnistía fiscal de 2012, al hacerse por decreto ley. Pero en el marco constitucional se han aprobado otras leyes de amnistía, sin que el Tribunal Constitucional haya cuestionado esa posibilidad. Lo que prohíbe la Constitución es el indulto general, que tiene una naturaleza distinta. No lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional en 1986.

Y, finalmente, el proceso de investidura. Para formar un gobierno en un parlamento fragmentado hay que pactar con grupos políticos diversos y aceptar algunas de sus propuestas, si no queremos estar continuamente repitiendo elecciones. Los partidos independentistas catalanes basan su programa político en la amnistía y la autodeterminación. En autodeterminación pueden acordar poco con partidos de ámbito estatal pero en medidas de gracia no veo difícil alcanzar acuerdos cuando se ha defendido la desjudicialización del conflicto catalán y en la pasada legislatura se aprobaron indultos para los líderes encarcelados.

Por tanto, se puede estar en contra de estas medidas al considerar que da alas al independentismo o a favor al entender que impedir el encarcelamiento, la inhabilitación o la multa para cientos de personas, no sólo políticos sino directores de colegio, informáticos o funcionarios, puede ayudar a cerrar un conflicto que ha dividido a los catalanes. Lo importante es que ese debate se haga con respeto.