La Rayuela
Lola Quero
Nadal ya no es de este tiempo
Al fin un acuerdo entre los dos principales partidos políticos españoles para renovar el Consejo General del Poder Judicial, gracias a la mediación europea. Lo pedían los profesionales para no ver paralizada su actividad, por la falta de convocatoria de plazas, aumentando la fatídica lentitud con la que funciona la Justicia española. Y lo exigían los que creen necesario que en las instituciones jurídicas no metan la mano descaradamente los partidos políticos, intentando controlarlos para sus fines, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
La satisfacción de PP y PSOE, hablando de que no tendrán capacidad para controlarlos. solo lo garantizará el organismo europeo y una ley que permita la elección plural interna, cuestión de la que los dos partidos han hecho interpretaciones diversas, y para qué decir sus socios. Por lo pronto se han repartido los consejeros –diez y diez–, superando el ridículo ultimátum de Sánchez afirmando que si no había acuerdo, lo reformaría por su cuenta. ¿A qué cuenta se refería? ¿A la mayoría insignificante que tiene en el Congreso con sus socios, enemigos del Estado de Derecho y frecuentes insultadores de jueces y sus instituciones, incluyendo en esas injurias a miembros del Gobierno y hasta el propio presidente?
Esperemos que el acuerdo sirva para consolidar la división de poderes, afianzando las instituciones vitales en una democracia y el mencionado Estado de Derecho, maltrecho con las reformas del Código Penal, los indultos y amnistías en pago a los apoyos para mantenerse en el poder, como es público y notorio. En fin, confiamos que, a partir de ahora, no sea tan habitual en un país democrático darle patadas a los principios de Montesquieu, como se le ha dado hasta ahora. Quizá sea sólo una esperanza de que en temas vitales, los partidos adscritos, con mayor o menor rigor, al constitucionalismo sean capaces de lograr consensos que interesen a la colectividad social de un país y dejen de jugar a los intercambios de cromos con la falsa etiqueta – referida al ámbito judicial– de ‘conservadores’ y ‘progresistas’, según convengan sus decisiones a unos u a otros.
En cualquier caso se abrirá otro debate cuyas consecuencias son impredecibles en una atmósfera tan contaminada políticamente como la que sufrimos en los últimos años en España. Despolitizar la Justicia es más importante que desjudicializar la política, porque esta última no debe estar exenta de controles legítimos.
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