La dictadura de las administraciones

Las administraciones tienen la obligación de servirnos a los administrados, pero, tras la pandemia, nos han impuesto unos usos dictatoriales, adquiridos durante el confinamiento, contrarios a su misión constitucional y cuyo único sentido es perpetuar la mala atención a los ciudadanos, la comodidad de los funcionarios y la reducción de su trabajo a costa de crearnos dificultades.

La tiranía de la obligatoriedad del uso de la administración electrónica –cita previa, registros…–, es una gravísima imposición consentida, molesta y silenciosamente, pero que no debemos tolerar. Atenta contra nuestros derechos fundamentales y libertades públicas –contra el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y la libertad ideológica, artículos 10, 14 y 16 CE–, ya que nos obliga a utilizar un mundo virtual inexistente en la realidad física, en el que no tenemos obligación de operar y menos aun tratándose de Administraciones, cuya prioridad es servir a los ciudadanos, justo lo contrario de lo que hacen: esclavizarnos, o discriminarnos si no nos sometemos, y unas leyes procedimentales nunca están por encima de derechos y libertades garantizados constitucionalmente.

Nadie está obligado a tener internet, es una opción libre, al igual que inscribirse en un gimnasio, pero las Administraciones nos la imponen dictatorialmente. Comporta un gasto que muchos no pueden o no quieren pagar, y aquéllas no pueden forzarnos a asumirlo, ni provocar discriminaciones por pobreza digital.

Además, hay muchas personas que no tienen edad para aprender y muchas poblaciones a las que no llega internet, y las Administraciones están provocando discriminaciones por edad y por residencia. ¿Y si queremos ser objetores digitales por privacidad, seguridad, tranquilidad, ahorro, vejez o simplemente no querer conocer?

También es intolerable que tengamos que sufrir: pedir cita previa en aplicaciones que no funcionan, que te den cita a 100 kilómetros, estar en espera 30 minutos en teléfonos robotizados, estar a las 7 de la mañana en una cola interminable para que sólo den 20 números, o acabar por acudir a la picaresca comprando la cita previa. Los gobernantes nos han mentido y no han acabado con la cita previa, y, una vez conseguida, cuando llegas a la dichosa Administración te tratan como a un delincuente. Debes pasar por escáner tú y todas tus pertenencias, bajo la imposición de seguratas de modales cuestionables que se atribuyen potestades que sólo corresponden a los funcionarios.

Mientras autónomos, comerciantes, profesores… trabajamos directamente con los ciudadanos, los funcionarios parecen pertenecer a una clase privilegiada sólo accesible tras múltiples esfuerzos. Ni administraciones ni normas inconstitucionales pueden oprimirnos con esta tiranía electrónica, que sólo puede ser de libre elección, nunca obligatoria. Si no denunciamos, nunca acabaremos con la actual dictadura de las Administraciones.