El gobierno, los medios y la UE

Cuando escribo, el Gobierno está reunido para aprobar el llamado Plan de acción por la democracia, una serie de medidas, dicen, encaminadas a proteger el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, y no el torrente de mentiras y desinformación que por lo visto cae sobre nosotros cada mañana, todo ello con base en la Constitución y las normas emanadas de la Unión Europea.

Lo último se refiere al Reglamento EU 2024/1082, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024 (Reglamento Europeo de Medios de Comunicación). Según la página web del Consejo, el Reglamento responde “a la creciente preocupación de la UE por la politización de los medios de comunicación y por la falta de transparencia en cuanto a su propiedad y a la asignación de fondos de publicidad a los prestadores de servicios de comunicación”, siendo su objeto “establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en la decisiones editoriales de los medios, públicos y privados, proteger a los periodistas y a sus fuentes, y garantizar la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”.

Late en la expresada norma cierta preocupación por la opacidad con que operan ciertos “medios”, multiplicada por la explosión de internet y las redes sociales. Hoy, cualquiera con pocos recursos y menos escrúpulos, puede crearse su espacio en la red, y desde ahí disparar con total impunidad apoyado en la sombra por poderes ocultos. Los editores serios sufren esta competencia a diario, con las consecuencias económicas que conocemos de un mercado además todavía inmaduro, por lo que la norma europea (que es, no se olvide, de aplicación directa, y por tanto también de derecho interno) sólo puede ser bien recibida, sobre todo desde la posición de los medios y los periodistas.

El presidente Sánchez y su Gobierno, sin embargo, no lo han visto así, por lo que parece. Aunque el expresado Reglamento, por su propia naturaleza, ya sea efectivo en España, han declarado su voluntad de dar un paso más, cargando las tintas sobre el repetido fango sobre el que se arrojan los bulos, tocando de lleno el derecho de información, como si nuestro ordenamiento no contara con mecanismos suficientes de defensa, tanto contra una información falsa, como contra la investigación por un juez de una persona que no tiene la condición de gobernante, aunque por sus actos lo pareciera. Que de evitar esto último, y no otra cosa, se trata.