Lo que no se podía contar del caso Nevada

Media Granada sabía desde hace meses que la jefa de letrados de la Junta, la que estaba al frente del servicio en La Normal cuando se les olvidó plantar cara a Tomás Olivo, se había ido a trabajar para el bufete de abogados que defendió al empresario en su contencioso millonario contra el Gobierno andaluz. No enredemos; porque poco importa si era una relación estable o puntual. Lo importante es que se trataba del despacho Ramón y Cajal (y no otro) porque así interesaba al dueño del Centro Nevada. Que era éste (y no por casualidad) porque allí trabajaba Joaquín García Bernaldo de Quirós. Que era este bufete (y no los abogados que suelen llevar los casos de Olivo) porque estaba Quirós y sus altos contactos en el estamento judicial. ¿Connivencia?

Hasta esta semana no lo habíamos podido publicar. Si a Elisa Isabel Fernández-Vivancos González no la nombran delegada de Justicia en Granada, su vinculación novelesca con el extraño caso del Nevada seguiría siendo un secreto a voces. Es más, si la funcionaria no comete la torpeza de ponerlo por escrito en su currículum, la trastienda del escándalo continuaría ocupando el espacio de la leyenda urbana y la especulación. Lola Quero lo ha contado con detalle en nuestro periódico pero ha sido tremendamente discreta: no ha revelado las llamadas, las gestiones y la investigación que hicimos en su día, muy a lo spotlight, para intentar aclarar todo este asunto sin caer en persecuciones interesadas. Muy de película pero con un hándicap insalvable: no era un personaje público y no conocíamos ni su cara… Hasta que el nuevo Gobierno de la Junta la ha puesto en el foco de los medios para informar de su nombramiento.

Ciudadanos ha metido la pata y al PP le ha faltado meterse debajo de la mesa. Sus compañeros de partido en el nuevo Ejecutivo andaluz se exponían en uno de los casos estrella de los populares contra el "cortijo" de Susana Díaz. Tal vez Juan Marín pensó que nadie se iba a percatar de que Cs pusiera al frente de su archicofradía de regeneración -como tan perspicazmente la ha bautizado un compañero- a la mujer de un 'ex' del PP transfigurado en naranja. Y no en el naranja de Luis Salvador ni Javier Imbroda, sino en el naranja de Juan Marín; en el del no tan lejano teniente alcalde de Sanlúcar que tan buena relación tuvo en su día con Tomás Olivo cuando levantó el centro comercial Las Dunas.

El círculo se estrecha. Y en todos los frentes. La por unas horas delegada de Justicia en Granada ha asegurado en los medios que el error del Nevada no fue suyo, sino de sus subordinados. Bien: la teoría del "error" de una auxiliar que, saturada de trabajo, olvidó anotar la fecha de la vista en la agenda del letrado en el que la jefa del gabinete delegó este importante asunto. Es el relato oficial que se trasladó desde el principio, el que no cuenta otras incógnitas sobre cómo un asunto de esta enjundia económica y mediática fue tramitado en los despachos del gabinete jurídico como un caso más, no estuvo supervisado de cerca por quienes tenían la mayor responsabilidad y provocó después cambios en la jefatura. Cayó Elisa Isabel, que se recluyó en la Alhambra (donde se dio de baja por enfermedad y después pidió la excedencia), y al letrado que no llegó a la vista (por los motivos que sean) lo ascendieron...

Pero demos un paso más. Porque, si hablamos de connivencia, ¿el caso se cierra con la obligada renuncia de la letrada? ¿No hay motivos para denunciar? ¿Y si el escándalo de Tomás Olivo hubiera sido lo de menos? Parecería una broma decir que un agujero de 168 millones de las arcas públicas resulta insignificante. No lo es; pero todo es relativo. ¿Hay más? ¿Pudo ser el Nevada sólo la punta del iceberg de otros intereses creados y consentidos durante años?

¡Nos traicionan las palabras! Esto coincidiría, malévolamente, con las propias explicaciones de la letrada para defender su actuación en el caso Nevada: aquella mañana llegó a última hora -¿dónde estuvo hasta entonces?- y resulta que el funcionario que se había preparado concienzudamente uno de los casos más mediáticos y sensibles para el Gobierno andaluz no llegó a tiempo a los juzgados por el "error" de una auxiliar. En sus manos y su bolígrafo dejaron un pleito de 168 millones de euros.

La ineficacia de la Administración es manifiesta, ¿pero nos creemos, de verdad, que llega a tal punto sin presiones, sin intereses oscuros y sin manos negras? ¿Cómo explicamos que casi el último acto de responsabilidad del Ejecutivo de Susana Díaz sea consignar en los juzgados los 168 millones del señor Olivo? Cobrada la renuncia al cargo de Fernández-Vivancos, ¿no tiene nada de qué preocuparse Juan Marín?

Termino con preguntas porque no tengo papeles para sostener un titular. Tendremos que esperar a que un nuevo anarcotizante del poder les desmonte la calculada estrategia.