Puigdemont humilla y se condena

Puigdemont regresó, humilló y volvió a escapar, el fugitivo ha logrado convertir su pavor a entrar en prisión en una astracanada que, sin embargo, no le traerá réditos políticos. De nada le sirvió dejar el Parlamento Europeo y presentarse a las elecciones catalanas para conseguir un pretendido golpe de efecto, no ha podido impedir que ERC rompa la santa alianza, mintió cuando aseguró que dejaría la política si no conseguía ser presidente de la Generalitat y no se ha presentado en el Parlamento para asistir la investidura tal como prometió a sus leales, sólo se adentró en Barcelona. Salvador Illa ya es presidente y él, un fugitivo, pero detrás deja un reguero de víctimas políticas.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha firmado casi todo lo que Junts ha solicitado desde el pasado verano, cada vez que ha viajado a Bruselas y a Suiza ha regresado con la cartera más vacía, su partido ha concedido la financiación singular para Cataluña y ha aprobado una ley de Amnistía en los términos marcados por el abogado defensor de Puigdemont, pero éste no le ha dejado tramitar ni una sola ley de Presupuestos Generales del Estado. El PSOE se desangra por Cataluña, el Gobierno guarda silencio y su credibilidad está tan soterrada como las cañerías por las que Puigdemont ha huido de Barcelona. La legislatura avanza como un zombi, habrá golpes de efectos de la factoría de Moncloa y triples mortales pero sólo la salvaría una rectificación en toda regla de los compromisos socialistas con los independentistas.

Los Mossos, y también los servicios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, han vuelto a fallar, como ocurrió en octubre de 2017 con la operación de las urnas y la primera fuga de Puigdemont. El mayor de los Mossos debería encerrarse en la misma jaula que levantó y desactivó en dos ocasiones este jueves.

Esas son sus víctimas, pero si Puigdemont albergase una gota de valentía, habría montado el mismo sainete, se habría dejado detener y con el previsible auto de prisión podría haber recurrido ante el Tribunal Constitucional la orden del juez Llarena y, en especial, la lectura restrictiva que el Supremo ha realizado sobre el delito de malversación. Pero el fugitivo no conoce la dignidad, tal como demostró cuando sus compañeros entraron en prisión y él siguió en su mansión. En última instancia, su futuro sigue dependiendo del Constitucional, sus magistrados tendrán la palabra definitiva sobre si es amnistiado o condenado, y esta nueva burla al Estado lo sitúa más cerca del banquillo que del escaño.