El rapero Hasel y la libertad de expresión

La Audiencia Nacional no ha vulnerado el derecho de Hasel a expresarse libremente, sino que ha condenado al conocido rapero por un delito de injurias al Jefe del Estado y por enaltecimiento del terrorismo. Delitos que recoge el Código Penal en términos casi idénticos a los códigos de la mayoría de los países de la Unión Europea. Mientras no se modifique el Código Penal, como pretende este Gobierno y hará próximamente, son delitos penalizados con prisión y el encausado debe cumplir su condena.

En 2014 Pablo Hasel fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento de ETA, Grapo, Terra Lliure y AlQaeda, condena que fue suspendida durante tres años. En 2018, nueva condena de Hasel por el mismo delito de enaltecimiento del terrorismo, más injurias a la Monarquía y a las fuerzas de seguridad del Estado. Dos años de condena, que la Audiencia Nacional rebajó a nueve meses, lo que ratificó el Supremo. Hasel pidió amparo del Constitucional, que rechazó el amparo porque consideró el agravante de reincidencia.

Los delitos de injurias fueron reiterados, siempre a través de las redes sociales, no en sus canciones, con lo que se multiplicó su repercusión y agravó los daños. Pero la clave está en que la Audiencia Nacional, el Supremo y el TC han coincidido en que hubo delito.

La reacción de Hasel ha sido poner en cuestión el nivel de la democracia española, lo que demuestra la irresponsabilidad de Pablo Iglesias al abanderar esa postura innoble, por falsa, que aprovechan los delincuentes. El vicepresidente hace un flaco servicio al equipo del que forma parte, que más que ningún otro está obligado a defender las instituciones del Estado, su Constitución y sus leyes.

Para valorar mejor las barbaridades de determinados grupos y partidos que permanentemente pretenden dar lecciones de civismo, progresismo y aceptación de los cambios sociales, nada como el sano ejercicio de analizar la reacción que tendrían si sus gestos, declaraciones y comportamientos procedieran de alguno de sus adversarios. El último ejemplo: en una tertulia política de TVE, el filósofo independentista catalán Bernat Dedeu dijo, refiriéndose al candidato de Vox Ignacio Garriga, que era una desgracia que "un negro ultraderechista" fuera a presidir un grupo parlamentario en Cataluña. Ni Gemma Nierga y Xabier Fortes, ni ninguno de los otros tertulianos, entre ellos Pilar Rahola, dijeron una palabra reprochando a Dedeu su racismo y xenofobia. Ni uno. Si llega a ser alguien de Vox o del PP los que descalificaran a un político por el color de su piel, ya se habría visto obligado a marcharse de España so pena de ser linchado si no lo hacía.