El regate del Supremo

Vienen las aguas revueltas en el panorama judicial español, con nuestras más altas magistraturas jugando, por decirlo en términos futboleros, en la línea del fuera de juego, sacándose de la manga interpretaciones jurídicas de lo más creativas, mostrando al sorprendido público, entendido o no, lo mucho que saben de derecho… y de política.

Le han dado fuerte y flojo al Tribunal Constitucional por las sentencias que viene dictando estos días, exculpatorias de la responsabilidad penal de los principales jerarcas socialistas del antiguo régimen de la Junta, que le ha enmendado la plana al Tribunal Supremo devolviendo el debate de los ERE al punto de partida de “los cuatro golfos”, o así. Yo, por mi parte, poco tengo que objetar. Se sabía que la condena por prevaricación a los consejeros socialistas, y por ende la malversación, estaba cogida con alfileres, por lo que cualquier nueva interpretación jurídica fundada en derecho (y esta lo está) que corrigiera la versión anterior entra dentro de la lógica jurídico procesal. Quizá si el Ejecutivo no hubiera sido tan descarado al designar como nuevos miembros de cuota a dos juristas con responsabilidades recientes en el propio Gobierno, al menos se hubiera salvado un poco el prestigio institucional. Es lo que tiene cuando, vuelvo a la jerga futbolera, se confiere al tribunal de garantías y su presidente la condición de cancerbero.

Precisamente esa, la prerrogativa de la última palabra y, por tanto, la definitiva, es la que parecía tener el Tribunal Constitucional con respecto a la Ley de Amnistía pero, ¿quién se fía del criterio de Conde Pumpido y la compaña cuando se trata de apuntalar la débil estructura del Gobierno de progreso sobre la base de una norma dispuesta ad hoc con toda la pinta de inconstitucional? No el Tribunal Supremo, desde luego, que con algún voto particular en contra, ha preferido entrometerse en los terrenos del legislador antes que someter sus evidentes defectos de legalidad mediante la oportuna cuestión de constitucionalidad, que para eso está. O estaba. Con la justicia metida en el debate político, la calidad de las resoluciones judiciales es ya casi lo de menos. No sabemos el recorrido que tendrá este auto del Supremo que, de momento, mantiene a Puigdemont en Waterloo a la vez que prorroga la incertidumbre sobre la legislatura, pero en lo que tiene de regate a las expectativas del Gobierno, es de los que rompen la cintura.