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Monticello
Hace poco, el magistrado Carlos Martins Pires defendía una brillante tesis doctoral sobre la obsolescencia constitucional de la legislación antiterrorista. Su trabajo analiza cómo la singularidad del terrorismo de ETA y su persistencia insoportable condicionaron nuestra política legislativa. Para hacer frente a un terrorismo con las características del etarra, se justificaron como legítimas y proporcionadas normas que ponían en tensión principios básicos de nuestro orden constitucional. Dada la realidad inequívoca, salvo para quienes tienen problemas básicos de percepción, de que ETA ya no está viva, este juez ha defendido la necesidad de actualizar diversas normas restrictivas, cuya finalidad ha decaído, para adecuarlas a la Constitución. Desde luego, no he podido dejar de pensar en la oportunidad de este trabajo, a la luz de la polémica suscitada estos días por la aprobación por parte del Congreso de una reforma de la Ley Orgánica 7/2014, en la que se han introducido dos enmiendas que eliminan las limitaciones que, en su día, y como excepción a una decisión Marco del Consejo de la UE, se habían aprobado de cara a que se computasen los años de condena cumplidos en otros estados miembros, a efectos de determinar el plazo máximo y continuado que un condenado tendría que cumplir en España. Se trataba de una excepcionalidad justificada para evitar la salida prematura de prisión de etarras que habían cumplido condena en otros países, y su eliminación, como han expuesto muy bien colegas como Gonzalo Quintero o Pablo de Lora, resulta hoy perentoria no sólo a la luz del derecho de la UE, sino considerando los propios principios constitucionales que han de informar nuestro derecho penal. Lo que aprobó el Congreso unánimemente es algo del todo razonable, si no exigible, en términos constitucionales. La enconada polémica sucedida desvela, en cualquier caso, miserias de nuestro parlamentarismo. Primero, la pasión por la clandestinidad del partido de gobierno, pues esta medida exigía una pedagogía que ha sido hurtada. En segundo lugar, hemos comprobado la tendencia del partido de la oposición a ejercer de oposición a sí mismo. La teatralidad es inherente al parlamentarismo, pero no lo soporta todo. La escenografía del recibimiento a María del Mar Blanco es de una falta de pudor desmoralizante. Que el portavoz popular exhiba entre risas un cartel con los socialistas asesinados por ETA, durante la intervención del ministro, constituye ya un momento séptico de nuestra historia parlamentaria. ETA está muerta, sin embargo, se cobra triunfos póstumos.
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