La Rayuela
Lola Quero
Tierra de espías
El gran Mariano José de Larra narró maravillosamente bien una de las lacras patrias, que no es otra que el desastroso trato con que su administración castiga a los administrados, que al fin y a la postre somos quienes les pagamos sus sueldos y a quienes supuestamente se deben.
En su famoso artículo, el bueno de don Mariano, narra las desventuras de Monsieur Sans-délai, quien cuando viene a España a resolver una serie de cuestiones básicas que pretende solucionar en seis días, se desespera viendo que no lo consigue ni en seis meses. Tras este tiempo, se lamenta amargamente, sintiéndose víctima de una enredada intriga… “¿Después de seis meses –dice el gabacho– no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente ‘Vuelva usted mañana’, y cuando este dichoso ‘mañana’ llega, en fin, nos dicen redondamente que ‘no’? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es que la intriga más enredada se haya fraguado para oponerse a nuestras miras”.
No podía imaginar nuestro ilustre colega, que dos siglos después de muerto y con un sinfín de innovaciones tecnológicas a nuestro favor, su “vuelva usted mañana” iba a ser el “sueño húmedo” de los indefensos ciudadanos, por aquello de conseguir sentarse a la mesa de un funcionario público de carne y hueso, aunque fuera para escuchar lo de “vuelva usted mañana”.
La que pensábamos iba a ser una revolución histórica en nuestra relación con la administración que era la vía electrónica, se ha convertido en una auténtica pesadilla. La pandemia fue la perfecta aliada de esa perversión abusiva en que se ha transformado la cita previa, un monstruo que priva a los ciudadanos, de un derecho tan fundamental como es el de ser atendido por alguien de carne y hueso, a quien poder plantear un problema con la esperanza de que se lo resuelvan.
Innovación y novedad están reñidas con administración, gobiernos y partidos políticos. Un simple trámite administrativo como inscribirse en el censo, pedir cita médica, tramitar una subvención, gestionar tu prestación por desempleo, o renovar el DNI, puede ser una odisea que nos ocupe varios días y de paso se lleve por delante nuestra salud mental.
La obligatoriedad de cita previa para acudir a una Administración, es una exigencia que no la contempla Ley alguna. Se trata de una exigencia anormal que pudo tener cierto sentido en la reciente crisis sanitaria, pero continuar requiriéndola a día de hoy, sin justificación legal alguna, es un abuso solo explicable en la conveniencia y la ‘comodidad’ de las distintas administraciones, aunque ello suponga un atropello y una auténtica indefensión para os derechos de los administrados… ¡Ay sin don Mariano levantara la cabeza!
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