Conflicto por los remanentes municipales

El consejo de Ministros ha aprobado esta semana un decreto ley que traslada un ajustado acuerdo, gracias al voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, para que los ayuntamientos que hayan acumulado un superávit durante la gestión de sus últimos ejercicios económicos puedan usar parte de esos remanentes, con carácter inmediato, en actuaciones para combatir el Covid-19. El Ministerio de Hacienda, para atender esa demanda municipal, ha optado por una operación de ingeniería financiera bastante alambicada: el Gobierno recepciona ahora esos ahorros municipales -unos 14.000 millones en España, de los que 2.000 pertenecen a municipios andaluces- y luego se los devuelve vía transferencias. El dinero computará como ingreso no financiero y evitará que sirva para incrementar el déficit local, algo que prohibe la legislación. Sí que resulta discutible que para completar el proceso se precise una década. Los ayuntamientos que lo acepten voluntariamente sólo podrán disponer de 2.000 millones este año y otros 3.000 en 2021. El PSOE se ha quedado en solitario en su respaldo a la iniciativa. Un escenario que seguramente obligará a negociar e introducir cambios en el trámite parlamentario para convalidar este decreto-ley en el Congreso en septiembre. Y ése debería ser el interés de todos y huir de las gruesas descalificaciones como las de responsables de corporaciones andaluzas gobernadas por el PP y de la Junta, que hablan de "chantaje" y "confiscación". La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que el Ejecutivo de Rajoy aprobó en 2012 tras la reforma de la Constitución, sigue vigente. Tanto como su propósito: impedir el desajuste en las cuentas públicas. Los remanentes no se podrían emplear para lo que se persigue si los municipios no recaudan antes otros ingresos de similar cuantía. Se trata de hallar una fórmula respetuosa con la ley con la que superar con urgencia este bloqueo. Es cierto que la Administración central se hace con 9.000 millones a devolver en cómodos plazos. Y hay que exigirle que detalle a qué los destinará. Pero tampoco hay sobre la mesas otras alternativa viables.