Andalucía y los menores inmigrantes

Editorial

En la controvertida cuestión del reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas, la Junta de Andalucía ha dado una muestra de pragmatismo político y de respeto institucional que la aleja de la reacción histriónica y extremista de otras regiones gobernadas por el Partido Popular, como ha sido el reciente caso de la Comunidad Valenciana o la actitud que siempre ha mantenido Madrid. El Gobierno andaluz tiene ya tomada la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el reparto de unos cuatro mil menores inmigrantes que el PSOE pactó con Junts para el conjunto del Estado. Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando los argumentos jurídicos del recurso, que se podría anunciar de forma inminente. La Junta también baraja recurrir algunos aspectos de la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat porque entiende que la participación de la policía autonómica catalana en el control de fronteras rompe una competencia exclusiva de la Administración central que afecta al resto de los territorios. El Gobierno de Andalucía entiende que es perfectamente compatible desarrollar esta ofensiva jurídica y defender en el Constitucional los derechos que considera conculcados con la acogida a la que le obliga el Ejecutivo central de los casi ochocientos menores del cupo que le ha sido asignado. Esa es la forma adecuada de actuar, entre otras razones, porque así se garantiza el normal funcionamiento de un sistema democrático. Pero, además, en este caso concreto por encima de otras consideraciones hay que poner los derechos y el bienestar de los menores. Andalucía no podría considerarse una tierra de acogida, como lo ha sido a lo largo de su historia, si pusiera obstáculos a la llegada de esos niños, que deben ser tratados con el máximo respeto. Ello no supone abdicar de la defensa de las competencias legítimas de la Junta, sino que reforzará sus argumentos ante el Constitucional.

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