Editorial
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Desde que en la primera década de este siglo se aprobase la ley de dependencia, las ayudas que deben dotarla sufren unos retrasos que nunca han llegado a solventarse del todo y que acarrean situaciones dramáticas, ya que muchos dependientes mueren en el tiempo de espera. Esto resulta especialmente grave en Andalucía, porque es la comunidad autónoma con más retrasos. Según el último dato publicado por el Imserso, el tiempo medio que se espera en Andalucía entre la tramitación y la concesión de la ayuda es de un año y ocho meses, dos meses más que en la anterior contabilización. El dato es más que preocupante. La Consejería de Inclusión Social modificó el pasado marzo los trámites que hay que cumplir para facilitar el acceso a las ayudas, pero según la Junta aún no se pueden ver los resultados de esta novedad. Sí se ha producido una disminución del número de personas que esperan en la comunidad por causas aún no determinadas, pero que parece responder a la solución de un importante atasco que venía de años. No obstante, la demora en Andalucía es la peor de todas las comunidades, y eso es algo que debe llevar a la Consejería competente a una seria reflexión. En su descargo, hay que apuntar un hecho que también se mantiene intacto desde la aprobación de la ley. Aunque ésta indica que el Gobierno central y las comunidades deben participar en la financiación de la dependencia con un 50% por cada parte, es la Junta de Andalucía la que viene compensando el desequilibrio de la parte estatal. De este modo, el Gobierno sólo aporta ahora el 33% de la cuantía final, mientras que la Junta paga el 67%, 17 puntos más de lo que le correspondería. Las polémicas entre las administraciones, tan habituales como cansinas, no deben ocultar el drama. Se calcula que en Andalucía 1.472 personas dependientes murieron sin recibir ninguna mensualidad de las ayudas porque éstas no llegaron a tiempo.
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