Pisos turísticos: ¿el final de la selva?

Dentro del debate, soterrado todavía, que se está produciendo en Andalucía sobre las consecuencias en sus principales ciudades de un turismo masivo y poco regulado, la normativa sobre los pisos turísticos constituye uno de los aspectos más polémicos y de los que concitan mayor interés. A nadie se le escapa a estas alturas que en capitales como Málaga, Granada, Sevilla o Cádiz la proliferación sin freno de este tipo de alojamientos ha provocado la expulsión de los vecinos de los casos históricos, ha disparado los precios en el mercado inmobiliario, en especial del alquiler, y ha causado todo tipo de molestias a los ciudadanos que, a pesar de todo, han seguido residiendo en esas zonas. Tras años de absoluta pasividad por parte de la Junta y de los ayuntamientos ante un fenómeno de no dejaba de crecer, el Gobierno andaluz aprobó el pasado febrero el marco regulatorio que permitiría a los municipios controlar el sector. Al tiempo, creaba un Registro Oficial de Vivienda Turísticas en el que es imprescindible estar inscrito para desarrollar la actividad. Por su parte, el Gobierno acaba de anunciar un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar que las comunidades de vecinos puedan vetar la conversión de viviendas residenciales en turísticas. Son pasos en la buena dirección, pero todavía falta mucho por hacer. En algunas ciudades, como por ejemplo Sevilla, los enfrentamientos políticos han empantanado la regulación propuesta por el gobierno municipal. En Cádiz el alcalde ha anunciado que por ahora se paraliza la concesión de licencias y en Málaga se han restringido mientras se ultima la nueva ordenanza. La Consejería de Turismo, por su parte, anunciaba el pasado martes que ha dado de baja 2.445 pisos en las ocho provincias por entender que no cumplían los requisitos que fija la normativa en vigor. Parece que se empieza a poner orden en lo que hasta ahora era una selva.