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El impulso de la FP dual es uno de esos retos aún capaces de concitar un gran consenso en nuestro país. Sin datos aún sobre lo que ha representado la Ley Orgánica 3/2022 para su extensión, sí puede decirse que, desde su implementación en España en 2011, el número de alumnos que se acogen a ella ha experimentado un considerable aumento, aunque todavía insuficiente en relación con las economías más avanzadas de Europa. Así, y según un reciente informe de la Fundación Bertelsmann, el número de estudiantes de FP dual representaba en el año de aprobarse la Ley, 2022, apenas un 4,4% de los estudiantes totales de FP en nuestro país y algo más en Andalucía, concretamente un 5,8%, con una mayor implementación en los grados superiores y en las ramas formativas de tipo industrial, las relacionadas con las capacidades STEM y con la transición verde.
Con estos datos sobre la mesa, resulta evidente que se puede realizar una lectura de “vaso casi vacío”, pero también podemos hacerla de “vaso un poco lleno”, y ambas son necesarias si las tomamos como acicate para llenarlo mucho más. Muy lejos del 17% de media de los países de la OCDE, la experiencia española arroja sin embargo algunas señales esperanzadoras, pues la comparativa con los alumnos del régimen general hace pensar que la formación dual mejora la empleabilidad. En concreto, y de acuerdo con el citado informe Bertelsmann, al finalizar el segundo año de su titulación, los titulados en España de formación dual de Grado Medio y Superior presentaban un porcentaje de afiliación a la Seguridad Social ocho y once puntos superior a los titulados de la FP tradicional. Con toda la prudencia obligada para una comparación entre un grupo (muy) minoritario y otro (muy) mayoritario, parece que la FP dual puede ayudar a la inserción laboral de nuestros jóvenes.
Dicho lo cual, debemos tener presente que ninguna regulación cambiará por sí misma la radiografía actual y que para acelerar esta transformación necesitaremos de una actuación muy decidida por parte de todos los actores implicados, públicos y privados, sin dejar a nadie atrás. Y una actuación que, sobre todo, tenga en cuenta el tamaño medio del tejido productivo español y las especiales necesidades de empleabilidad que se dan en el medio rural, del que no nos podemos olvidar si nos tomamos en serio los retos relacionados con el equilibrio territorial y demográfico de nuestro país.
Lo que venimos a decir es que si queremos mejorar la inserción laboral de los jóvenes a través de la FP dual, no nos podemos ignorar de que la mayoría de nuestras empresas son micropymes donde no existe departamento de recursos humanos, ni de que el tejido productivo presenta en cada territorio rasgos muy distintos, así como diferencias muy notables entre el entorno urbano y rural. Dicho de otra forma, la FP dual sólo hará su labor si es capaz de relacionarse con grandes empresas del sector industrial pero también con pequeñas empresas del entorno rural. Y este es un reto complejo que requiere de un ajuste fino y supone apostar por las nuevas familias profesionales ligadas a la digitalización y la economía verde, pero sin despegar nunca los pies de tierra y olvidarse de los sectores tradicionales que concentran las oportunidades de empleo en las pequeñas poblaciones.
Todos esos desafíos los conocemos bien en una institución como SAFA, con la oferta concertada de FP más importante de toda Andalucía, de la cual casi la mitad es ya FP dual, y buena parte de ella desplegada en poblaciones rurales (Bujalance, Alcalá La Real, Andújar y Villanueva del Arzobispo) donde son más acuciantes los problemas relacionados con el empleo juvenil, donde los sectores emergentes tienen menor implantación y donde la colaboración empresa y centro de formación es probablemente más complicada y sin embargo más necesaria que en ninguna otra parte.
Qué duda cabe que la FP dual puede ser una verdadera locomotora de la formación de calidad, el empleo e incluso la modernización empresarial, pero para ello necesitaremos de mucho más que una ley estatal: necesitaremos un aterrizaje adaptado a la realidad de cada territorio, recursos suficientes para llevarlo a efecto y una sincera y leal colaboración público-privada que implique a todas la administraciones, a todos los centros y por supuesto a todas las empresas de todos los sectores y tamaños. En definitiva, es necesario garantizar que la FP dual pueda ser una opción elegible para todos los alumnos de todos los territorios.
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