La independencia económica de Cataluña

La mayor parte de los españoles se opusieron a la ley de amnistía, considerada por muchos como la inmoralidad política de mayor envergadura en tiempos democráticos, y que ha generado una fractura social cuya trascendencia histórica está por valorar. Sin embargo, una característica del cerebro humano, y que la maquinaria del poder explota muy bien, es que tendemos a ir aparcando en nuestra memoria los asuntos más desagradables para enfrentarnos a la realidad de forma más confortable. Así que, si bien no se olvida lo que significó la ley de amnistía, la virulencia del rechazo social se aplaca, y otras múltiples iniciativas y comportamientos criticables del Gobierno le han ido sustituyendo.

La última ha sido el acuerdo con ERC y los Comunes para lograr la presidencia de la Generalitat para Salvador Illa. Como todos conocen, además de otras prebendas, el grueso de concesiones es un nuevo sistema de financiación para Cataluña que saldría del régimen común de financiación autonómica. Este régimen regula la distribución de recursos financieros entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para garantizar la prestación de los servicios públicos encomendados y fomentar la equidad territorial. (Este sistema no se aplica a las comunidades forales del País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen de financiación).

La resultante de la experiencia del sistema de financiación autonómico español es semejante a la financiación territorial de otros países desarrollados: el sector público actúa redistribuyendo rentas; es decir, los más ricos pagan más impuestos que los más pobres para una prestación semejante de servicios públicos, lo que trasladado a nivel regional equivale a que las comunidades con mayor renta por habitante (Madrid, Cataluña y Baleares) tienen un saldo negativo en su balanza fiscal (impuestos menos transferencias), saldo que es positivo en las que tienen una renta por habitante inferior a la media española (si bien se han producido algunos desajustes en los últimos años, en los que comunidades como Aragón y La Rioja tienen un saldo positivo a pesar de que su renta ha superado la media nacional, o que otras comunidades, como Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha están infrafinanciadas para sus niveles de renta relativos). El acuerdo entre el PSC, ERC y los Comunes para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat prevé implementar un modelo de financiación según el cual la agencia tributaria catalana recaudará todos los impuestos en Cataluña, que pagaría al Estado por los servicios e inversiones estatales recibidos y una cuota de solidaridad con el resto de España (por determinar). Además, el acuerdo tiene por objeto fortalecer la soberanía de Cataluña, prevé el fomento del catalán, reforzar la acción exterior de la Generalitat y, entre otras consideraciones menores, promover la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de sus selecciones deportivas. El acuerdo ha sido aprobado por los militantes de ERC y su sección juvenil. Lo que resulta extraño es que el mismo referendo no se ha hecho entre los militantes del Partido Socialista, aunque ya sabemos que estos son muy disciplinados con lo que decida su secretario general.

Un documento reciente de Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, titulado Las implicaciones financieras de un concierto catalán, calcula que, teniendo en cuenta que según la estimación de la Generalitat el déficit fiscal de Cataluña es de 22.000 millones de euros, su eliminación significaría que la aplicación del acuerdo le otorgaría a Cataluña un superávit en su balanza fiscal de 8.700 millones. Estas consideraciones llevan a que, aunque la Generalitat aceptase reducir al 60% la corrección del supuesto déficit, obligaría a una reducción de la financiación a las autonomías de régimen común del 10,7%, o aumentar la recaudación de impuestos en el resto del Estado el 29,5%, y aproximadamente a la mitad si lo reduce al 30%.

Pero no es el fuerte impacto en las finanzas públicas del país lo más grave del acuerdo, sino que implica la independencia económica de Cataluña, lo que facilitará notablemente instrumentar los restantes cambios institucionales para la independencia política. Además, como la historia reciente nos enseña, las concesiones autonómicas no son reversibles, sino que siempre van a más. Por lo tanto, el acuerdo del nuevo modelo de financiación de Cataluña es un asunto de mayor gravedad que la concesión de la amnistía, y posiblemente el atentado más grave a la democracia española desde la Transición.