La ley andaluza de cambio climático

El pasado 19 de diciembre se presentó en el Pleno del Parlamento de Andalucía, por parte del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Gregorio Fiscal López, el proyecto de Ley de Cambio Climático, la apuesta de la comunidad andaluza por ayudar a frenar este problema global y protegerse de sus efectos, centrado en las emisiones difusas de gases de efecto invernadero. La presentación de esta ley culmina un esfuerzo sostenido en el tiempo por parte de la Junta de Andalucía. Como consecuencia de la puesta en común de científicos, políticos y agentes sociales en la década de los noventa, en el año 2002 la Junta de Andalucía aprobó la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Posteriormente, desarrolló nuestro gobierno autónomo el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. En el año 2014, se anuncia la preparación de la Ley de Cambio Climático. El tiempo transcurrido entre 2014 y 2017 se ha empleado en consensuar la ley con diferentes agentes sociales. Cualquier ley es mejorable, cosa que ocurrirá en el debate político hasta su definitiva aprobación. El 21 de diciembre, en el marco del Foro Joly Andalucía, el consejero de Medio Ambiente volvió a incidir en la importancia de la ley. Esta ley es realista, buena y necesaria. Manifestó el consejero en su presentación, que se ha hecho un trabajo que ahora podrá ser perfeccionado, para completar aspectos concretos de esta norma cuando se aborde en comisión, siempre en el marco del respeto a los principios que la informan y que la dotan de sentido. Andalucía ha hecho los deberes en relación con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante estos años, por ello nuestros esfuerzos de reducción en el horizonte del año 2030 serán menores que los impuestos para el conjunto de España por la Unión Europea. En palabras de José Gregorio Fiscal López, los objetivos de reducción para la comunidad autónoma en emisiones difusas serán iguales o superiores a los que resulten de la regla europea de reparto del esfuerzo según el PIB. Esto supone para nosotros un 18% de reducción para el año 2030 con respecto al año 2005, mientras que para el Estado en su conjunto, la reducción aplicable es del 26% con la misma referencia. Gracias a nuestra solidaridad con los problemas globales y las medidas aplicadas por la Junta de Andalucía, los andaluces emitimos menos gases de efecto invernadero que el resto de los españoles y también otros ciudadanos de Europa. En el título I de la ley, se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, ejemplo de transversalidad para planificar y gestionar desde el gobierno de Andalucía. Se crea la Oficina Andaluza de Cambio Climático como unidad administrativa de las políticas de mitigación, adaptación y comunicación. En el título II regula el Plan Andaluz de Acción por el Clima, se establecen los Planes Municipales contra el Cambio Climático, los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. El título III se dedica a la mejora del conocimiento y la participación pública, creándose la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía. El título IV contiene medidas de mitigación, aplicándose a las emisiones difusas por habitante. Destacan las de transporte y movilidad, que protegen también la salud pública de la contaminación generada por el tráfico, con clara apuesta por el transporte eléctrico. Tampoco se olvida la importancia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía para la mitigación y la adaptación al cambio climático, pues en ella están los principales sumideros de carbono. Se regula el concepto de Municipio de Baja Emisión de Carbono, cuyo reconocimiento irá emparejado a la concesión de ayudas o subvenciones de la Junta de Andalucía. Se crea el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, que persigue fomentar la cultura climática. También se crea el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), un instrumento voluntario para las actividades radicadas en Andalucía que quieran asumir compromisos similares a los del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, permitiendo a las empresas la opción de la compensación. Se regula el régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios, y su valoración en los procedimientos de contratación pública. También existe el procedimiento sancionador, aunque el énfasis de la ley se dirige a fomentar actitudes proactivas de las empresas y municipios sin olvidar incentivos potenciales. Una ley necesaria para Andalucía y para el planeta que pone de manifiesto que seguimos siendo los andaluces la punta de lanza en materia de medio ambiente a nivel europeo, mostrando el camino a seguir por una sociedad más saludable y justa.