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El tenso debate internacional sobre transgenerismo se ha recrudecido recientemente con la publicación de un crítico informe británico, posiblemente por coincidir con la eclosión de solicitudes a los servicios médicos de género por parte de adolescentes, mayoritariamente mujeres, durante este año. Los tratamientos en países occidentales han variado desde los antiguos enfoques basados en la psicoterapia hasta la terapia altamente medicalizada de hoy. La revisión Cass publicada en abril de 2024 –informe encargado por el Servicio Nacional de Salud británico– ha puesto de relieve la “notable debilidad” de la evidencia científica con la que se respalda esta terapia médica, lo que ha impulsado a los gobiernos a adoptar posiciones más cautelosas, a priorizar de nuevo la psicoterapia y a limitar las intervenciones médicas en menores. Reino Unido, Suecia, Finlandia y Dinamarca han adoptado medidas unificadas en el intento de alinear sus recomendaciones a las revisiones científicas más rigurosas. En mayo, Reino Unido prohibía la prescripción de bloqueadores de la pubertad en la práctica privada, limitándola a ensayos clínicos, y se comprometía a implantar recomendaciones que aboguen por la psicoterapia en menores y a suspender los bloqueadores de la pubertad.
La histórica revisión ha trascendido al continente, con la excepción de España. En junio la mayor asociación de salud mental de Alemania ha rechazado las directrices que promueven la afirmación de género en menores del país al considerar no revisada la evidencia científica desde 2020, y ha recomendado limitar tales intervenciones a ensayos clínicos. Un mes antes, la propia Asamblea Médica Alemana había aprobado una resolución que restringe los bloqueadores de la pubertad, el tratamiento hormonal cruzado y la cirugía a entornos de investigación rigurosamente controlados dando preferencia a la evaluación psiquiátrica previa. Por su parte, el Senado francés ha aprobado en mayo un proyecto de ley que también limita los bloqueadores de la pubertad y prohibe las hormonas cruzadas y la cirugía en menores. En Holanda, su ministro de sanidad ha presentado en junio el informe Cass al Parlamento y, simultáneamente, ha solicitado al Consejo de Salud la revisión del famoso protocolo holandés —el que a finales de los pasados noventa abriera el melón de la medicina de género. En abril apareció en la revista belga Pediatrie, Endocrinologie un informe que explica la necesidad de reformar los protocolos de disforia de género en niños y recomienda seguir los pasos de Suecia y Finlandia, donde el tratamiento hormonal es el último recurso. La Sociedad Europea de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (ESCAP), que recoge 36 sociedades de todo el mundo, ha exhortado a los proveedores de atención médica a “no promover tratamientos experimentales e invasivos innecesarios, de efectos no probados y adherirse al principio clásico primum non nocere”. Por último, Reem Alsalem, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas, ha publicado recientemente en la web de la ONU las recomendaciones del Informe Cass como esenciales para la protección de niños y niñas.
Estas respuestas contrastan con las de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), la principal autoridad mundial en transición médica para menores, que se muestra muy crítica con el informe dirigido por la pediatra Hilary Cass al sugerir la “falsa” premisa por la que se puede ayudar a estos niños al margen de la vía médica. En un artículo en The New York Times de 13 de mayo, la Cass se reafirma en que las organizaciones médicas estadounidenses exageran la solidez de la evidencia de los trabajos con que respaldan la transición. La WPATH defiende el modelo médico de afirmación de género por considerar que cumple los principios de la medicina basada en la evidencia; en cambio, el informe Cass muestra evidencias contrarias. En España, el TC acaba de suspender dos artículos de la ley trans de la Comunidad de Madrid, recurridos por el Gobierno, por defender las evaluaciones psiquiátricas. Para la ministra responsable, la ley madrileña “patologiza a los menores trans al obligarlos al proceso de acompañamiento psicológico y a un informe preceptivo antes de la terapia de tránsito”. Es evidente que las directrices ideológicas deberían quedar categóricamente al margen de todo protocolo médico. Las revisiones sistemáticas –las evidencias de mayor calidad– han demostrado repetidamente que la transición médica en niños carece de base sólida. Y lo más evidente de todo: los grupos de interés activistas, y no la evidencia científica, han dictado la medicina de género hasta hoy. Y eso no deberían ignorarlo los medios de comunicación tradicionales.
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