La Audiencia Nacional da un nuevo varapalo al trasvase del río Castril

comarcas/La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido cautelarmente la Orden Ministerial por la que se declaraba la emergencia de las obras del trasvase del río Castril y se ordenaba su ejecución así como la expropiación de los terrenos afectados, a través de un auto de fecha 25 de noviembre del que informó ayer la Plataforma por la Defensa del Río Castril.

Después de que el Tribunal Supremo paralizara tanto las obras como las expropiaciones del trasvase, la plataforma ha conseguido que la Audiencia Nacional también se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión, declarando que después de cinco años tanto la emergencia de la medida como la urgencia de las obras "no se sostiene, frente a los perjuicios ambientales y particulares que dichas obras están ocasionando".

En el auto, la Audiencia Nacional reconoce que la Administración tiene la intención de continuar las obras en cuestión y por eso llega a la conclusión de que procede suspender cautelarmente la orden ministerial y paralizar las obras y actuaciones derivadas de la misma, según considera la plataforma, que señala que "la justicia ha dejado una vez más en evidencia la forma irregular con la que se ha pretendido hacer las obras del trasvase y los daños que dichas obras están ocasionado tanto a los agricultores de la zona como al Medio Ambiente, amén de la innecesariedad de las mismas puesta igualmente de manifiesto en el auto".

"Esperamos que el nuevo Gobierno de España (PP) no sea tan arrogante y prepotente como el anterior y que podamos buscar una solución consensuada con todas las partes implicadas por el bien de nuestras comarcas, ya que dichas obras dependen del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino y de el depende actualmente la CHG", señala la plataforma en un comunicado de prensa.

La última información sobre el contencioso que tiene la plataforma contra las obras se ofreció el pasado septiembre, cuando pidieron al Tribunal Supremo (TS) que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a una disposición de la Ley de residuos y suelos contaminados que considera que intenta "legalizar" las obras de su trasvase. Solicitaban además que se acordara la demolición de la actuación del trasvase ya ejecutada y que se repusieran los terrenos afectados a su estado previo.