La Fiscalía de Granada investiga como posibles delitos de lesa humanidad el fusilamiento de 49 personas cuyos restos fueron exhumados entre 2021 y 2022 en fosas comunes en el Barranco de Víznar, todo ello a raíz de la documentación remitida a la unidad especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática por Francisco Carrión, responsable de los trabajos en la zona y miembro del departamento de Prehistoria y Arqueología de la UGR.

El material, según ha podido saber Europa Press,  se refiere a la exhumación, entre 2021 y 2022, de siete fosas en las que fueron exhumados 49 cuerpos, de los que 24 eran mujeres y 25 hombres con edades comprendidas entre los 36 y los 42 años. Todos ellos llevaban vestimenta propia de la primera mitad del siglo XX, presentaban signos de muerte violenta y casi en su totalidad tenían evidencias de traumatismos por arma de fuego. Fueron recuperados en enterramientos comunes, "con ausencia de ritual funerario y compatible con enterramientos clandestinos en un contexto violento".

De acuerdo con los estudios históricos, antropológicos y sociológicos incluidos en las memorias científicas aportadas por este equipo, se determina que los restos podrían corresponder a víctimas de "desapariciones forzadas y asesinatos" cometidos en el contexto de la represión sufrida por la población granadina como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La Fiscalía mantiene que los hechos investigados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Carrión, tras transmitir a la Fiscalía de  Sala de Derechos Humanos aseguró que, con esta acción, "se da el primer paso para juzgar esos crímenes cometidos durante la postguerra y la dictadura, una decisión pionera que se enmarca en las recomendaciones que lleva años haciendo Naciones Unidas para la reparación a las víctimas".

Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron violaciones de los derechos humanos con ocasión de la Guerra Civil y de la Dictadura; y en caso de muerte o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y su paradero.

Todo ello, durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.

Por todo ello, en el decreto se ha acordado la incoación de diligencias de investigación preprocesal por este asunto, a la espera de la finalización de los informes periciales llevados a cabo en el Proyecto de Excavaciones Arqueoforenses realizado en el Barranco de Víznar, donde actualmente se está impulsando la cuarta campaña de exhumaciones.