El Plan de Protección del litoral impedirá construir 3.000 viviendas

La comisión del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía dio ayer su visto bueno al documento, que saldrá a información pública el próximo lunes 29 de julio, fecha en la que está prevista su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Este nuevo instrumento de ordenación territorial, que provocó un gran revuelo cuando fue anunciado entre empresarios y partidos como el PP de la provincia, impedirá que se construyan 3.000 nuevas viviendas en el litoral granadino, según fuentes del Ejecutivo autonómico que, sin embargo, puntualizan que no se trata de proyectos que están en curso sino del llamado "urbanismo durmiente", que con esta norma inevitablemente nunca verán la luz. Y es que creen que pese al tangible panorama de grúas paradas y viviendas vacías, en cientos de papeles y documentos de los ayuntamientos costeros, el boom inmobiliario, lejos de haber acabado, espera tiempos mejores.

Granada es una de las provincias que menos protección ha necesitado en la costa andaluza ya que no ha habido una masificación turística. Las provincias con más suelo protegido son Cádiz y Almería, con 19 sectores cada una; seguidas de Málaga (13) y Huelva y Granada (8 sectores en cada una). En total, en Andalucía se preservará de urbanización 9.000 nuevas hectáreas de suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre, lo que supone un incremento del 50% del terreno protegido en el espacio costero. De ellas, 1.000 hectáreas corresponden a la Costa Tropical.

Los principales municipios afectados serán Almuñécar, Salobreña, Motril, Gualchos-Castell de Ferro y Albuñol.

Precisamente, en el anejo de La Herradura se ha constituido la plataforma Por el desarrollo del litoral, auspiciada por CA, que cree que este plan "puede chocar directamente con los intereses" de los propietarios de estos terrenos 'dormidos' en los que se preveía edificar y que ahora quedan en el aire. Hay que tener en cuenta que el documento con el que la Junta pretende reordenar la primera franja de costa y preservar el litoral que queda virgen aún está en fase de redacción y no afecta al suelo consolidado que ya tiene planes parciales aprobados, pero aún así ya ha levantado inquietud. Temen que les toquen directamente el bolsillo si la norma de la Junta cambia la edificabilidad del terreno o, directamente, les impiden construir.

Se trata de más de un centenar las familias propietarias de terrenos urbanizables aún sin edificar que pueden verse afectados por la norma, porque creen que "perderían valor sus casas" y que la economía de La Herradura se resentiría.

A los empresarios tampoco les gusta la norma. Desde la CGE afirman que este plan no está pensado para la Costa Tropical ya que no tiene en cuenta la orografía de la zona, en la que en la mayoría del litoral mueren montañas y que goza de un desarrollo turístico desigual, prácticamente inexistente en la zona oriental. El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, lo califica de "brindis al sol", mientras que los políticos del PP son los que más han mostrado su oposición.

En concreto, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ve detrás de este plan "la mano de IU", socios de Gobierno del PSOE en la Junta, y creen que da la "casualidad" que afecta a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. También explica que se frenarán importantes desarrollos turísticos en Playa Granada y que la construcción del futuro puerto deportivo se puede ver ralentizada. Por tanto, cree que los deja "maniatados" durante dos años y que en época de crisis hay que generar confianza y no incertidumbre.

Sin embargo, la Junta insiste en que en la Costa Tropical hay todavía unas 600 hectáreas en las que se pueden construir 4.700 viviendas. Y que lo que no se puede hacer es edificar en zonas que gozan de especial protección, inundables o colindantes con el dominio marítimo-terrestre, por ejemplo.

La previsión es que el plan esté aprobado en marzo de 2014.