El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Dílar por un presunto alcance contable

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El concejal socialista del municipio, Aureliano Martín, considera que de la presunta merma de ingresos serían responsables las autoridades del Consistorio

El alcalde de Dílar defiende el contrato que investiga el Tribunal de Cuentas

El juicio será el 12 y 13 de diciembre. / G. H.
R. G.

10 de diciembre 2023 - 12:11

Granada/El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias de investigación para determinar si el Ayuntamiento de Dílar ha llevado a cabo actuaciones de las que puedan derivarse una responsabilidad contable y un perjuicio al erario público ante la posible prescripción de una plusvalía derivada de una herencia.

Así se desprende de un auto emitido por la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal, en el que desestima el recurso de reposición presentado por el Consistorio y reitera la conveniencia de nombrar un delegado instructor para que averigüe y determine los hechos denunciados para ver si se hay algún tipo de responsabilidad, cuantificarlos y determinar la responsabilidad.

En su defensa, el Ayuntamiento de Dilar alegó que no tuvo conocimiento de la escritura de aceptación de los terrenos por parte de la exconcejala, al no haber sido presentada por los interesados dentro del plazo de cuatro años del que dispone la administración para girar la correspondiente liquidación del impuesto.

Del mismo modo, han defendido que no ha quedado acreditado que se haya producido un "menoscabo o resultado dañoso" para los fondos públicos, ni se ha cuantificado o la relación de causalidad entre una acción u omisión y el daño producido, por lo que desde el consistorio entienden que las deficiencias denunciadas "no son constitutivas de alcance ni de cualquier ilícito contable".

El Tribunal de Cuentas considera que el delegado instructor debe ser el que practique las diligencias precisas para averiguar y determinar, con carácter previo y provisional, los hechos para conocer si se desprende responsabilidad contable por alcance, cuantificados y determinar quiénes son los responsables. Por todo ello, este órgano desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Dílar contra el auto dictado en septiembre de este año y continuar con la instrucción para investigar las presuntas irregularidades.

Este procedimiento se inicia después de que el concejal socialista en el municipio de Dílar, Aureliano Martín, denunciara el pasado mes de abril un posible menoscabo de fondos públicos por parte del Ayuntamiento tras presuntamente haber dejado prescribir el cobro del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana -impuesto directo que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y que gestionan los ayuntamientos- que debía haber abonado una exconcejala del PP y candidata en las últimas elecciones municipales por una herencia en el año 2016.

La denuncia recoge que dicho impuesto se devenga cuando se transmite la propiedad de un terreno y dentro del plazo legal de cuatro años. Un hecho que, según Aureliano Martín, “no se produjo a pesar de ser advertido por un notario”.

“De esta presunta merma de ingresos serían responsables autoridades del Consistorio que han permitido esta situación y a los que se le presupone un plus de responsabilidad”, añade.

Así las cosas, será el Tribunal de Cuentas quien tenga que esclarecer si el hecho de que la exconcejala no abonara la plusvalía derivada de una herencia pudiera conllevar una responsabilidad contable, puesto que este impuesto es una de las principales fuentes de ingresos para un Ayuntamiento”.

El portavoz socialista también ha lamentado que el alcalde del municipio y también diputado provincial, José Ramón Jiménez, no haya facilitado la documentación sobre este proceso al grupo municipal socialista para su conocimiento y acciones oportunas.

“Está claro que este señor se caracteriza por desarrollar una gestión oscura y poco transparente”, ha precisado. Ante la gravedad de las acusaciones, el Tribunal de Cuentas se presenta como la última instancia para determinar la magnitud de las presuntas irregularidades financieras denunciadas.

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