Las agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios de Granada aumentan en los últimos años
Sanidad
Faltas de respeto, malos modos o insultos entre los episodios que registran de forma diaria los profesionales sanitarios de la provincia
Granada/Solo durante 2022 se registraron 138 casos de agresiones físicas o verbales a profesionales sanitarios de la provincia de Granada, cifras que, lejos de parecer residuales, van en aumento con el paso del tiempo –en 2021 fueron 124 y en 2020, 114-, según los datos de la Consejería de Salud y Familias.
Unos datos demoledores que ponen encima de la mesa un problema de civismo social con una "tendencia en escalada". La última agresión, la sufrida en el Servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril, tal y como adelantó este periódico, dejó como resultado a dos guardias de seguridad heridos graves, y leves una celadora y un enfermero.
La responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, Matilde Núñez, ha denunciado que estos datos "reflejan que lejos han quedado ya los aplausos y homenajes a los profesionales de la sanidad y que hemos salido peor parados de la pandemia con 59 agresiones más que las registradas durante 2019". Y ha criticado que "hay más episodios violentos todos los días como injustificadas faltas de respeto, malos modos e insultos que no se comunican al centro por la normalización de dichas conductas".
Núñez ha destacado que la mayoría de agresiones se han producido en la Atención Primaria, que acapara más de la mitad del total, el 57,23 %, incidiendo en que el 28 % de ellas tienen lugar en las consultas médicas, zona de admisión (23,63 % del total) y urgencias (el 15,56 %), principalmente por estar en desacuerdo con las normas de funcionamiento del centro y con el trato o la atención recibida, por demandar atención fuera de cita programada o un tratamiento distinto al prescrito y, en otras ocasiones, sin una causa aparente.
Además, desde el sindicato han denunciado la última agresión sufrida por el personal del centro de salud de San Antonio de Motril y la agresión múltiple a cuatro profesionales de las urgencias del Hospital Santa Ana, en este último caso en la madrugada del lunes, de la que resultaron heridos graves dos guardias de seguridad, y leves una celadora y un enfermero.
Según explicó a Granada Hoy una de las personas afectadas en esta última agresión, pasada la una de la madrugada el miembro de una familia de la zona ingresaba en el Hospital con pronóstico reservado, al poco tiempo distintos familiares comenzaron a llegar a las inmediaciones del centro hospitalario, unas 30 o 40 personas según varios testigos. "Al principio todo fue normal, fueron entrando poco a poco para ver a la persona que estaba ingresada, tal y como establece el protocolo de Urgencias. Pero hubo un momento en el que uno de esos familiares se mareó estando en la puerta y empezaron los gritos. En cuestión de segundos pasaron de requerir un médico con urgencia a gritar: un médico, hijo de puta. Fue casi imposible atender a esta persona, todos los familiares estaban encima y se les requirió en varias ocasiones que dejasen un poco de espacio para poder atender al desfallecido".
Posteriormente, el agente de seguridad pidió a los familiares que esperasen en la puerta o en la sala de espera, "en ese momento llegó el primer puñetazo y empezó una auténtica batalla campal. Los familiares nos rodearon y empezaron a propinarnos puñetazos, patadas, en la cara, en el estómago, en el oído. Iban para todos lados". Pegar al personal sanitario está castigado como si la agresión fuese a un Policía.
La responsable de Sanidad de CSIF en Granada, Matilde Núñez, ha manifestado que "hay muchas formas de manifestar el desacuerdo, pero nunca la violencia" y ha insistido en la petición previa a la pandemia del sindicato -de la que aún no se ha recibido contestación por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta- para incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía. "Entendemos que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones administrativas adecuadas como medida disuasoria frente a conductas reprobables e intolerables".
Por último, desde el sindicato han señalado la necesidad de reforzar la vigilancia en los centros sanitarios así como las plantillas en todas las categorías profesionales, ya que cuantos más recursos humanos haya mejor será la atención que se prestará a la ciudadanía y menor la posibilidad de que haya conflictos. "Es hora de adaptar el modelo de gestión sanitaria a las necesidades actuales, a un servicio público que está desbordado y con el riesgo que eso supone para la seguridad y salud de los profesionales".
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