Agricultores de la Vega de Granada piden al TSJA que paralice las plantas fotovoltaicas proyectadas

Los agricultores de la Vega de Granada afectados por las expropiaciones de los terrenos por la empresa ENCE para construir tres plantas fotovoltaicas -denominadas Atarfe I, II y III- han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que piden medidas cautelares que protejan sus cultivos.

Con el recurso, presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y al que ha tenido acceso este periódico, intentan frenar tanto la expropiación de los terrenos agrícolas como la puesta en funcionamiento de las macroplantas que afectan a terrenos de Santa Fe, Atarfe, Pinos Puente y Vegas del Genil, que contempla más de 200.000 paneles y ocuparía 155 hectáreas.

Unas plantas energéticas que, según apuntan, afectarán a terrenos de excepcional valor productivo y por los que pasará una línea de alta tensión que cruzaría la zona de Alamedas en la ribera del Genil creando un pasillo de servidumbre de unos 80 metros de ancho y cuatro kilómetros de largo.

Para instalar una planta fotovoltaica es necesario iniciar tres procesos administrativos, por un lado se encuentra la autorización administrativa previa; la declaración de utilidad pública, que está concedida y contra la que han alegado pese a que no se han tenido en cuenta, por lo que el pasado 20 de marzo presentaron un Contencioso-Administrativo; y una tercera vía, la autorización administrativa para la construcción, que también han recurrido.

El presidente de la Asociación para la Defensa del Paisaje de la Cuenca del Genil (Adepa), Gustavo Rodríguez, explica a Granada Hoy que la intención es que en los terrenos productivos de la Vega de Granada no se instalen megaplacas y plantas fotovoltaicas, ni se cruce como en este caso, una línea de alta tensión. "No es de recibo que tierras de alta productividad como la Vega de Granada, que forma parte de una cultura y un paisaje, la puedan destrozar de esta manera. Lo que pedimos es orden. No estamos en contra de las plantas fotovoltaicas, pero si de donde se sitúan. No es razonable que cualquier empresa privada pueda llegar y expropiar tierras para montar sus proyectos y que destruirán el medio ambiente para producir un beneficio medioambiental".

Rodríguez señala que el recurso que se ha presentado ante el TSJA se piden medidas cautelares que eviten las expropiaciones de servidumbres de paso de la línea de alta tensión, al considerar que hay numerosos errores en la tramitación administrativa y "no se ha dado cumplimiento a la legislación sectorial y tendrán que ser los tribunales quienes se pronuncien, ya que no lo han hecho los gobiernos".

La Consejería de Industria y Energía de la Junta ha declarado la utilidad pública de las tres plantas para impulsar su construcción y les ha otorgado, en septiembre de 2024, la autorización administrativa para la construcción de las tres plantas y de la línea común de evacuación, que también ha sido recurrida.

Los agricultores rechazan esta afección de sus tierras, que limita su productividad, su valor, y destruye un territorio y una cultura ancestral, y han reclamado paralizar la expropiación hasta que se resuelvan tanto las denuncias ante la Fiscalía como otras acciones en trámite contra las macroplantas.

La punta del iceberg

La planta fotovoltaica en la Vega de Granada no es la única proyectada. Asociaciones y colectivos ecologistas llevan tiempo luchando para que no se implanten por todo el territorio diversos proyectos de energía eólica y solar. "Lo que está ocurriendo en Granada y Andalucía, en realidad está sucediendo en media España. El problema es que Granada va a ser agredida con casi 200 megaproyectos, de los más de 1.200 que hay proyectados en toda la comunidad autónoma, porque la línea 400, que es la autopista donde se vuelca la electricidad para por esta zona y todos quieren generar electricidad con el viento lo más cerca posible de la línea".

En este sentido, añade que el gran problema es que dicha electricidad no se quiere producir para consumo de los vecinos de la zona o como autoabastecimiento, se quiere producir para venderla después a empresas privadas de Europa. "Quieren destrozar nuestra vega por puro negocio", concluye.