Amplían la denuncia contra la Junta por el megaproyecto fotovoltaico en la Vega de Granada
Los colectivos entienden que causará "daños irreparables" a la agricultura, el paisaje y el medioambiente de la cuenca del Genil
Recurren el permiso al megaproyecto fotovoltaico de Granada por riesgo de inundaciones

Granada/La Plataforma en Defensa de la Vega, integrada por diversos colectivos, ha ampliado este viernes la denuncia presentada ante la Fiscalía contra laJunta de Andalucíapor la aprobación del megaproyecto fotovoltaico planificado en la Vega de Granada, al considerar que afectaría negativamente a la flora y fauna del área.
La denuncia, respaldada por Ecologistas en Acción, la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe y 'Somos Vega. Somos Tierra', complementa las dos ya interpuestas ante el Ministerio Público en junio y agosto contra distintas consejerías de la Junta y las empresas responsables del proyecto: ENCE Energía S.L., Magnon Green Energy S.L. y Granada 133 Solar.
Esta segunda ampliación de la denuncia aporta el acta del pleno en el que Santa Fe pide a la Junta que no declare de utilidad pública el proyecto por entender que afecta a terrenos de excepcional valor productivo y que causará "daños irreparables" a la agricultura, el paisaje y el medioambiente de la cuenca del Genil.
También aporta el recurso de agricultores afectados por la Autorización Administrativa para parte de la línea y el formalizado ante la Junta por la Asociación para la Defensa del paisaje y la Cultura de la Cuenca del Genil (ADEPA), junto a documentación de entidades que rechazan la Autorización Ambiental Unificada al proyecto.
La Plataforma ha ampliado la denuncia ante el avance de la tramitación del proyecto "pese a la oposición popular" y al margen de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente. "En la práctica es un desprecio a la participación ciudadana y hacia la labor de la justicia", han interpretado sus responsables.
La iniciativa fotovoltaica afecta a cinco municipios de la Vega , un proyecto que contempla más de 200.000 paneles y ocuparía 155 hectáreas y que, según los denunciantes, perjudicará al sector agrario y exigirá la expropiación forzosa de 231 parcelas.
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