Armilla, Atarfe y Maracena denuncian "deslealtad" de la Diputación de Granada y piden que de a conocer la situación en el Consorcio de Bomberos

Granada/Los alcaldes de las localidades de Armilla, Atarfe y Maracena, Loli Cañavate, Yolanda Fernández y Carlos Porcel, han denunciado este lunes lo que consideran “deslealtad” por parte del gobierno del PP en la Diputación de Granada, y le han exigido que “diga la verdad” sobre la situación de los pagos de sus localidades al Consorcio Provincial de Bomberos, a la vez que han denunciado que la cantidad que abonan al mismo se ha muiltiplicado por dos "sin explicaciones".

Junto a la portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Fátima Gómez, han pedido a la institución provincial que “se ponga de lado de los ayuntamientos y facilite la información que hasta ahora les ha negado”.

Esta demanda llega después de que el pasado 21 de febrero el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, anuciara que la Diputación había comenzado un proceso formal de reclamación a estos ayuntamientos por supuestos impagos del servicio, asegurando que deben un total de 2,2 millones de euros, cantidad que "pone en riesgo el buen funcionamiento de un servicio esencial para la seguridad de la provincia".

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha denunciado la actitud “totalmente desleal” de la Diputación de Granada al "verter mentiras contra el Ayuntamiento armillero", asegurando que la localidad no es deudora al Consorcio Provincial de Bomberos, "sino que existe una discordancia en la cuantía que debe aportar el Consistorio". Cañavate ha indicado que desde 2023 a la actualidad “se nos ha duplicado la aportación que este ayuntamiento debe hacer al Consorcio, sin ningún tipo de explicación y sin saber a qué se destina ese dinero público”.

“Creemos que el PP ha tomado una serie de compromisos con los bomberos, con esos excelentes profesionales, y ante su falta de capacidad para cumplir está buscando culpables. Y nos ha elegido a los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia como culpables de sus incumplimientos”, ha señalado Cañavate, a la vez que ha insistido en que “para nada el Ayuntamiento de Armilla es deudor del Consorcio Provincial de Bomberos y no se le puede achacar los incumplimientos que está llevando a cabo la Diputación”.

Por su parte, la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha mostrado su “indignación” por esta situación, sobre todo, porque el municipio metropolitano ha entrado a formar parte del Consorcio desde el 29 de enero de este año, una vez que en 2024 sobrepasó los 20.000 habitantes. “Desde que recibimos la visita del diputado responsable en primavera del año pasado, hemos estado haciendo las gestiones que nos han ido marcando para entrar en el Consorcio y ahora sale diciendo que no pagamos”, ha manifestado.

Fernández ha pedido a la Diputación que “aclare qué es lo que no pagamos, porque en todo este tiempo nosotros no hemos formado parte de este Consorcio”. “Que duden de nuestra gestión y de nuestra responsabilidad cuando no hemos tenido ahora mismo ningún servicio relacionado con este Consorcio, la verdad es que nos duele”, ha apostillado.

Asimismo, el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha lamentado la “deslealtad institucional” de la Diputación por lo que ha pedido a Martos que “se dedique a asistir a los municipios y que nunca vuelva a atacar a tres ayuntamientos socialistas con la única intención de dañar o menoscabar la insigne institución, que son los consistorios, que es la administración más cercana a la ciudadanía”.

Al respecto de este caso, ha asegurado que Maracena “ha cumplido desde el primer momento que entramos el nuevo equipo de gobierno y pagamos en los primeros meses lo que se debía del año 2023, cosa muy contraria a lo que hizo el anterior gobierno del PP y de Vox, que pagó cero euros al Consorcio Provincial de Bomberos”.

“En 2024 se duplicó la cuantía que debemos pagar, y no tenemos nada de información. El gobierno anterior de Maracena no preguntó ni exigió absolutamente nada”, ha apuntado Porcel, para incidir en que “como alcalde me siento en la necesidad y obligación de pedir ese informe económico-financiero para ver de dónde viene ese aumento del cien por cien que tienen que pagar las y los maraceneros”.

El alcalde ha indicado que ha pedido explicaciones tanto por escrito como en las diferentes asambleas del Consorcio, "y no hemos recibido respuesta". "No nos han explicado por qué pasamos de 300.000 a 600.000 euros, por lo que desde el Ayuntamiento de Maracena le pedimos al diputado que se ponga al lado de los alcaldes y que nunca haga oposición a los ayuntamientos desde la Diputación”, ha demandado.

Por último, la portavoz socialista en la Diputación, Fátima Gómez, ha exigido al presidente de la institución, Francisco Rodríguez, “que ejerza como tal, puesto que para eso percibe un salario público, y deje de ser el presidente del PP para atacar a los alcaldes socialistas de la provincia”. Además, Gómez ha pedido que “no use la Diputación para verter información falsa, sectaria e intencionada, así como de utilizar los recursos públicos para arremeter con los ediles socialistas, en este caso, a vueltas con el Consorcio Provincial de Bomberos”.

La Diputación, abierta a llegar a acuerdos con las tres localidades

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Nicolás Navarro, ha respondido a estos tres municipios recordando las cantidades que cada uno de ellos debe al Consorcio de Bomberos (Maracena 1,5 millones de euros, Armilla 276.000 euros y Atarfe 445.000 euros) y asegurando que deben pagar, ya que consideran que "no es justo que otros municipios de características parecidas soporten el normal funcionamiento de este servicio".

"Los municipios de Granada tienen dos opciones, o estar en el Consorcio o tener sus propios bomberos, y estos tres están dentro, por lo que les hemos reiterado que tienen que abonar lo adeudado. La Diputación está estudiando todas las posibilidades para que estos municipios puedan abonar esas cantidades, y nosotros nos abrimos a llegar a acuerdos con ellos, pero tienen que responder a sus obligaciones como hacen los demás municipios", ha considerado Navarro.

El diputado ha confirmado que las cuotas de pago para este servicio se han actualizado, pero que en el caso concreto de Maracena desde 2018 debe dinero, cuando no había habido modificación. "Esto es un Consorcio, que aprueba sus cuotas por unanimidad de los miembros, para prestar un servicio. Otra cosa es que los ayuntamientos abonen sus obligaciones, y estos tres no lo están haciendo", ha reiterado.

Como ejemplo, cuando cualquier municipio de España opta a subvenciones europeas y nacionales tiene que estar al corriente de pagos de Seguridad Social y de las deudas. En el caso de la Diputacion, cuando sacamos programas que se realizan en la provincia y a los que optan todos los municipios, no les estamos exigiendo a estos tres municipios que abonen sus deudas para concurrir. Sólo les estamos diciendo a estos municipios que cumplan con sus obligaciones", ha concluido Navarro.