El Ayuntamiento de Huétor Vega defiende la legalidad en la supresión de la bonificación del IBI a familias vulnerables

El alcalde Mario del Paso: “Nuestro objetivo es construir un municipio justo y solidario, pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho”

IU Huétor Vega denuncia que el PSOE "quiere eliminar" la bonificación del IBI a las familias más vulnerables

Ayuntamiento de Huétor Vega
Ayuntamiento de Huétor Vega / R. G

Granada/El equipo de Gobierno de Huétor Vega ha desmentido este miércoles las acusaciones por parte de Izquierda Unida sobre la presunta intención del Ayuntamiento gobernado por el PSOE de eliminar una bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) destinada a familias vulnerables.

Así, el consistorio municipal defiende que "el equipo de Gobierno, con el alcalde Mario del Paso al frente, ha actuado en todo momento conforme a la legalidad vigente. Tanto la Intervención Municipal como la Tesorería han emitido sendos informes concluyendo que la bonificación fiscal aplicada actualmente no se encuentra contemplada en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Por lo tanto, su mantenimiento es contrario a Derecho", ha asegurado la formación en una nota de prensa.

Aseguran que, tal y como especifica el informe de Tesorería, la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal no supone un incremento del tipo impositivo ni de las cuotas del IBI. Se limita únicamente a suprimir una bonificación no legal, sin impacto alguno en el resto de los elementos del tributo.

Por tanto, recalcan que es responsabilidad de este Ayuntamiento garantizar que las ordenanzas fiscales respeten los principios de legalidad, seguridad jurídica y buen gobierno. "La propuesta presentada al Pleno cumple con estos principios y con los requisitos técnicos establecidos tanto por la legislación estatal como por los órganos de fiscalización interna".

De esta forma, el Ayuntamiento de Huétor Vega sostiene que el rechazo de la oposición integrada por el Partido Popular, Izquierda Unida y Vox a eliminar una bonificación que los informes técnicos han calificado como contraria a Derecho podría constituir un supuesto de prevaricación administrativa. "Al votar conscientemente a favor del mantenimiento de una medida ilegal, dichos concejales podrían estar incurriendo en una vulneración grave de sus deberes legales, por lo que deberán asumir las posibles responsabilidades jurídicas o penales que se deriven de su actuación", ha criticado la formación socialista.

Finalmente, el consistorio ha reafirmado su "firme compromiso con el apoyo a las familias y colectivos más desfavorecidos del municipio". Además, afirma que el Ayuntamiento trabajará en la creación de un reglamento de ayudas para los colectivos sociales vulnerables, compatible con la ley, para "seguir protegiendo a quienes más lo necesitan, de manera efectiva y con plena seguridad jurídica, como recoge el informe de la Intervención del Ayuntamiento, y tal y como se puso de manifiesto en el pleno del pasado lunes".

Según el alcalde, “nuestro objetivo es construir un municipio justo y solidario, pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho”.

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