Denuncian a la Junta de Andalucía por el megaproyecto fotovoltaico en la Vega de Granada
La plataforma ha aportado un informe sobre las repercusiones ambientales del proyecto en dos espacios protegidos, el Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe y la Zona Especial de Conservación de La Malahá, incluida en la Red Natura 2000
La gran planta solar de la Vega de Granada requiere medidas para minimizar su impacto ambiental
Ecologistas en Acción Granada recurre la resolución de autorización de la planta fotovoltaica Caparacena 40
Granada/La Plataforma en Defensa de la Vega, compuesta por varios colectivos, ha denunciado a la Junta de Andalucía ante la Fiscalía por aprobar el megaproyecto fotovoltaico planificado en la Vega de Granada, que ha reunido 13.000 firmas en contra debido a su presunto impacto negativo en el medio ambiente, así como en la flora y fauna de la zona.
La denuncia, formalizada este martes y firmada por Ecologistas en Acción, la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe y 'Somos Vega. Somos Tierra', amplía la presentada ante el ministerio público en junio pasado contra varias consejerías de la Junta y las empresas promotoras del proyecto: ENCE Energía S.L., Magnon Green Energy S.L., y Granada 133 Solar.
La plataforma ha aportado un informe sobre las repercusiones ambientales del proyecto en dos espacios protegidos, el Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe y la Zona Especial de Conservación de La Malahá, incluida en la Red Natura 2000.
El informe, elaborado por el Departamento de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, desaconseja la actuación hasta que no se proyecte una alternativa a una distancia superior a los dos Kilómetros de los límites de estos espacios protegidos.
La Plataforma también ha adjuntado la moción aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de Santa Fe, que pide a la Junta que no declare la utilidad pública del proyecto al entender que afectará negativamente a terrenos de excepcional valor productivo
La iniciativa fotovoltaica afecta a cinco municipios de la Vega, un proyecto que contempla más de 200.000 paneles y ocuparía 155 hectáreas y que, según los denunciantes, perjudicará al sector agrario y exigirá la expropiación forzosa de 231 parcelas.
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