La Diputación de Granada aprueba el plan para modernizar la red de carreteras de la provincia ante las críticas de la oposición

Granada/El pleno ordinario del mes de abril de la Diputación de Granada ha dado luz verde a una inversión de 9,2 millones de euros destinada a la modernización y acondicionamiento de la red de carreteras de la provincia. Este presupuesto, que se suma a los 6,9 millones aprobados en junio de 2024, eleva el total destinado a estas actuaciones a 16,19 millones de euros. La iniciativa abarcará todas las comarcas de la provincia con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la movilidad y la vertebración territorial, promoviendo una mejor conexión entre municipios y favoreciendo el acceso a servicios públicos, con especial atención al medio rural.

El presidente de la institución, Francisco Rodríguez, ha señalado que esta inversión “es una muestra clara del compromiso de la Diputación con garantizar la igualdad de oportunidades en todos los territorios de Granada". "Unas carreteras seguras y modernas son indispensables para el desarrollo económico y social, además de para ofrecer a los vecinos acceso digno a los servicios esenciales y retener la población", ha considerado.

Rodríguez también ha asegurado que este plan "es mucho más que infraestructuras, ya que también estamos apostando por la justicia territorial". "Cada comarca recibe una atención proporcional a sus necesidades, asegurando que vivir en un municipio rural no sea sinónimo de renunciar a derechos fundamentales. Queremos una provincia donde todos, independientemente de dónde vivan, puedan tener una atención digna para seguir llenando Granada de vida", ha asegurado.

Sin embargo, no todas las formaciones políticas ven con los mismos ojos el Plan Provincial de Inversión en Carreteras. El PSOE ha asegurado que este "no es el mejor de la historia en lo que a inversiones se refiere", y han denunciado que no ha contado con el consenso de todos los municipios de la provincia que necesitan mejoras en sus infraestructuras. Pese a las críticas, el grupo socialista ha votado a favor del Plan porque “responde, aunque parcialmente, a algunas necesidades de la provincia”. No obstante, el diputado provincial socialista José María Villegas ha exigido al presidente de la Diputación que “recapacite y movilice el enorme remanente disponible y ponga en marcha inversiones reales, pensadas con criterios técnicos y con la participación de los alcaldes, que son quienes mejor conocen las necesidades del territorio”.

"El plan es muy mejorable. En el año 2020, bajo el gobierno socialista, la Diputación destinó 23,7 millones para un total de 72 proyectos. La media anual de inversión en carreteras durante los ocho años de gestión socialista fue de ocho millones anuales, la misma cifra que ahora presentan como histórica”, ha explicado, a la vez que ha lamentado que el plan actual “se queda corto”, a pesar de que la Diputación dispone de dinero más que suficiente para ser mucho más ambiciosa en su planteamiento.

“Lo que sí es verdaderamente histórico es el volumen de remanentes de Tesorería que acumula la Diputación”, ha apuntado, para aludir a los 200 millones de euros de los que dispone tras la liquidación del ejercicio 2024 y con la que podrían haber sido “más ambiciosos” en su planteamiento. Una cantidad que para el socialista refleja “la incapacidad para gestionar los recursos públicos por parte del PP. No saben invertirlos y, por eso, el dinero se acumula en las cuentas mientras hay necesidades urgentes en la provincia”.

Villegas también ha cuestionado la falta de participación en la elaboración del plan. “No se ha consultado a todos los alcaldes, ni a los diputados de otros grupos. Desde el PSOE hicimos una propuesta en el pleno de noviembre de 2023, señalando actuaciones necesarias que han sido ignoradas” y ha puesto como ejemplos de arreglos que se han quedado fuera el ensanche del tramo entre Restábal a Saleres, la renovación del firme entre Pinos Puente a Tiena o la redacción del proyecto del ensanche del puente PK 10+815 entre Guadix y La Calahorra.

Moción para el uso del superávit municipal en inversiones sostenibles

El pleno también ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular que insta al Gobierno de España a permitir que los ayuntamientos utilicen el superávit municipal para inversiones sostenibles, dado que la actual legislación impide esta práctica hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2025 o una disposición con rango de ley equivalente.

La propuesta subraya que esta restricción castiga tanto a los municipios que han gestionado de manera eficiente como a los ciudadanos que se ven privados de servicios esenciales. En este sentido, se insta al Gobierno de España a cumplir con su obligación constitucional de presentar un proyecto presupuestario que facilite la ejecución de inversiones necesarias para el desarrollo local, asegurando así una mejor calidad de vida para los habitantes de la provincia.

Además, durante la sesión plenaria, también se ha aprobado una moción del Grupo Socialista para la creación de ayudas a los municipios de la provincia con el fin de poder hacer frente a posibles casos de fiebre del Nilo occidental. Esta propuesta se suma a las jornadas formativas organizadas ayer por parte del Servicio de Sostenibilidad de la institución provincial, dirigidas a responsables políticos y técnicos municipales, y al trabajo que ya se está haciendo desde la delegación competente para dotar de presupuesto una línea de subvenciones a las localidades.

Por su parte Izquierda Unida ha denunciado que el Grupo Popular en la Diputación ha impedido que se amplíe la prestación básica de la ayuda a la dependencia en la provincia. La formación había presentado una moción en la que, entre otras cuestiones, pedía que se incrementara la partida presupuestaria correspondiente a la prestación básica que presta el ente provincial a las personas dependientes de la provincia de Granada, mientras la Junta de Andalucía resuelve los expedientes de las personas que tienen derecho a esta prestación. La propuesta ha decaído con los votos en contra de los diputados populares.

La diputada de IU Mari Carmen Pérez ha lamentado la actitud de los populares, que aún reconociendo las deficiencias y falta de recursos económicos y personales en el sector ha optado por votar en contra de esta medida, que en Granada supone “un pequeño pero necesario alivio” mientras dan una solución a las largas listas de espera, de hasta casi tres años en algunos casos en algunas comarcas granadinas. "Muchas solicitudes no llegan a cursarse y que fallezca el solicitante antes de tener respuesta por la Junta de Andalucía, y por tanto que tampoco puedan acogerse a esta prestación básica de la Diputación claramente agotada en los primeros meses del año", ha denunciado.