El estudio para reabrir la línea de tren Guadix-Baza-Lorca sigue en fase cero a dos meses de que se acabe el contrato

Granada/Fase cero. Aquella expresión tan temida en para el desconfinamiento de la pandemia vuelve a atronar, como si de una pesadilla recurrente se tratarse, en las comarcas del Norte de la provincia. Porque en ese punto se encuentra la redacción del estudio informativo que tiene como fin la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca, clausurada el 1 de enero 1985 por el Gobierno central y posteriormente desmantelada, y que incomunicó por vía directa la provincia de Granada con el Levante español. Una fase cero, una fase inicial, de la que no ha pasado este estudio informativo, con consta de cuatro partes en total, y que a estas alturas debería de estar a punto de acabarse, ya que el contrato preveía un periodo de ejecución de 24 meses y ya han pasado 22.

Así lo ha confirmado el Gobierno central a los diputados del PP por la provincia de Granada, Pablo Hispán, María Lourdes Ramírez y Carlos Rojas, en una pregunta por escrito en el Congreso registrada el pasado 17 de octubre y contestada el pasado lunes. En ella, el Ejecutivo en funciones explica que "actualmente se siguen desarrollando los trabajos relativos a la Fase 0 'Estudio previo de viabilidad técnica, ambiental y económica', consistentes en el análisis de las alternativas de trazado planteadas en el Estudio de Viabilidad del Corredor Ferroviario Lorca-Granada (2017); análisis de los condicionantes de los posibles corredores (ambientales, técnicos, geológicos,…); análisis previo de la demanda, tanto de viajeros como de mercancías; y el estudio previo de rentabilidad económica y financiera". Por ello, el Gobierno "no dispone todavía de información que permita extraer las primeras conclusiones sobre el estudio".

En noviembre de 2001, hace exactamente dos años, el delegado del Gobierno en Andalucía, y para más señas anterior alcalde de Baza, Pedro Fernández, anunció la adjudicación del contrato de redacción del estudio informativo del corredor ferroviario Guadix-Baza-Lorca a la UTE compuesta por TPF Getinsa Euroestudios y Subterra Ingeniería, cuyo presupuesto ascendía a 979.194,48 euros (IVA excluido) y contaba con plazo de ejecución es de 24 meses desde la formalización del contrato. Este se produjo exactamente el 13 de enero de 2022. Es decir, que a falta de dos meses para que se cumplan los dos años desde que se empezó a elaborar el estudio, este aún no ha pasado de la fase inicial, cuando debería de esta en la cuarta y última.

Según el cronograma estimativo incluido dentro del pliego de prescripciones técnicas del concurso, y consultado por este diario, la fase cero del estudio debía haber comenzado en febrero de 2022 y estar acabado en junio del mismo año. De hecho, a estas alturas de 2023, según ese programa de actuaciones, en el mes de noviembre se debía estar en la fase III, la últimas de todas, que se refiere al proceso de información pública y consulta. Es más, este debería estar ya abierto a su conocimiento a toda la ciudadanía y las partes implicadas para formular alegaciones desde el pasado mes de octubre. Su cierre previsto es enero de 2024, justo cuando acaba el periodo de ejecución. De hecho, el informe de alegaciones se tendría que estar redactando el mes que viene, de forma conjunta con los estudios adicionales que resulten de estas.

De por medio falta prácticamente todo el proceso. Según el contrato, durante la fase cero se analizarían las alternativas de trazado planteadas en el Estudio de Viabilidad previo, publicado en el año 2017, y que constituye el principal antecedente de la actuación. En ella se definirían los parámetros de trazado y de explotación se podrían incluso definir nuevas alternativas como la modificación de las anteriores si fuera. "Se realizará un análisis técnico y ambiental a la escala 1:25.000, que servirá como base para las fases que en su caso se desarrollen posteriormente. Se realizará un estudio previo de demanda para esta actuación, partiendo de la información del Estudio de Viabilidad previo y puesto a disposición del Consultor. Así mismo, se llevará a cabo un estudio previo de rentabilidad económico-financiera según la metodología que detallará más adelante. Esta Fase 0 debe servir de base sobre la que justificar la actuación que se pretende realizar", concluye el pliego de prescripciones técnicas consultado por este diario.

De ahí se tendría que haber pasado en julio de 2022 a la fase I relativa al estudio de alternativas a escala 1:25.000, que sería "más detallada" (escala 1:5.000) "en zonas urbanas o con una problemática especial". En ella se haría una "definición, análisis y comparación de las posibles alternativas necesarias para el cumplimiento de la legislación ferroviaria y medioambiental", además de una selección de las distintas opciones de trazado. Esto debió haberse acabado en diciembre del año pasado.

La fase II es la que tendría que haberse desarrollado durante todo este año 2023, entre enero y septiembre. En esta, que es la que más puntos de elaboración comprende, el propio estudio informativo y el de impacto ambiental: "Definición de las alternativas finalmente seleccionadas con el nivel de detalle suficiente para servir de base al proceso de información pública y de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, establecido en la legislación sectorial y ambiental vigente".

Esta confirmación es un jarro de agua fría para las pretensiones de las plataformas ferroviarias y de las comarcas del Norte de Granada, que además ven cómo se echa el tiempo encima para que el Gobierno presente el estudio en tiempo y forma, y poder, con ello, presentarlo ante la Unión Europea y que este sea incluido en la planificación de corredores ferroviarios de interés comunitario como sí logró el proyecto del tren Granada-Puerto de Motril.

Bien es cierto que, como apuntan fuentes ferroviarias, estos contratos pueden ser prorrogados, las plataformas ferroviarias se preguntan qué ha pasado durante estos cerca de dos años para que el proyecto no haya avanzado nada, y que la respuesta obtenida por los diputados populares sea la misma que recibieron las asociaciones hace un año. Asociaciones que, además, denuncian a este diario que han sido "bloqueadas" del Portal de Transparencia del Gobierno.