El Gobierno impulsa la inserción laboral en la provincia de mujeres víctimas de explotación sexual, de trata o en contexto de prostitución

 El subdelegado del Gobierno en Granada, José  Antonio Montilla, ha visitado el Centro de Atención Social de la Fundación  Amaranta en Motril que se encarga de desarrollar el Plan de Inserción  Sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y  mujeres en contexto de prostitución, en el marco del Plan Camino promovido  e impulsado por el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres. 

En este centro, según ha explicado el subdelegado, se trabaja en dos programas de intervención. Por un lado, el Programa de acompañamiento  social y psicológico para la recuperación integral de la salud física, psicológica y reproductiva de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en situación de prostitución, en el que se asesora jurídicamente a las víctimas, se les ofrece atención social y psicológica y se les ayuda a acreditar su situación de trata o explotación sexual, entre otras medias.  

Por otro lado, también se desarrolla el Programa de recuperación y refuerzo de las capacidades sociolaborales, en el que se diseña un plan de formación y orientación laboral adaptado a las demandas, se facilita formación prelaboral y técnica, se asesora sobre derechos laborales, se les acompaña de manera individualizada en la inserción laboral y contratación y también se les asesora en la regularización administrativa. 

Además de estos dos programas también se ofrecen espacios semanales de encuentro entre las mujeres para facilitar el contacto y la ayuda mutua, además de propiciar la formación con contenidos de mejora de competencias personales a nivel de salud y también en la incorporación al empleo. 

Desde el comienzo de la actividad, en abril de 2023, se han atendido a 44 mujeres y 9 unidades familiares, de las cuales el 89% proceden de contextos de prostitución y el 11% han estado en contextos de trata y explotación sexual. En cuanto a su procedencia, 45% proceden de Latinoamérica, el 30% de Marruecos, el 15% Europa y el 10% de África. 

En su visita, el subdelegado ha destacado la importancia de que las instituciones públicas desarrollen políticas de atención a estas víctimas. “No debemos olvidar que la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, son graves violaciones de derechos humanos que afectan a centenares de mujeres y niñas en España. Ambas formas de violencia contra las mujeres y las niñas representan la negación de un amplio listado de derechos humanos como el derecho a la libertad, la integridad y la seguridad de la persona; el derecho de no ser sometida a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libre circulación; el derecho a fundar un hogar y una familia; el derecho al mayor nivel posible de salud o el derecho a la educación”. 

José Antonio Montilla ha recordado que el Gobierno de España mantiene un compromiso firme en la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual y que queda plasmado, por ejemplo en la aprobación del Real Decreto ley 1/2023, que establece bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales o de trata de seres humanos, de explotación sexual o laboral, y aquellas que se encuentren en contextos de prostitución. 

Además, desde el punto de vista de la persecución del delito, el subdelegado ha informado que desde la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Policía Nacional en Granada en lo que llevamos de 2024 se han desarrollado 4 investigaciones relativas a la Trata de Seres Humanos en las que se han liberado a 5 víctimas y detenidas a 7 personas. En 2023 fueron 7 las actuaciones realizadas, con 21 mujeres liberadas y 13 detenidos.