El Gobierno refuerza la protección de 161.000 menores en Granada en entornos digitales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales, un marco normativo pionero en Europa que garantizará la seguridad de niñas, niños y adolescentes frente a los peligros en entornos digitales. Con esta iniciativa, que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados, se busca responder a la creciente preocupación de las familias sobre el acceso seguro a las nuevas tecnologías, estableciendo medidas de control parental gratuito y obligatorio, así como sanciones más estrictas contra los delitos digitales y que reforzará la protección de más de 161.000 menores en la provincia de Granada.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que esta legislación "representa un avance crucial en la defensa de los derechos digitales de la infancia y la juventud, asegurando una navegación segura y protegiendo su honor, imagen, intimidad y datos personales". En Granada, la normativa beneficiará a las familias que han reclamado medidas eficaces para frenar la exposición a contenidos inadecuados, como la violencia o la pornografía.

Montilla ha subrayado que esta ley ofrece "una solución global ante el acceso indiscriminado a redes sociales y plataformas digitales, protegiendo a la infancia y la adolescencia de contenidos inapropiados y del contacto con personas que puedan representar un peligro". Al mismo tiempo, ha señalado que "no se trata de restringir la conexión de las y los menores, sino de garantizar su derecho a un entorno digital seguro".

Entre las medidas más relevantes de la nueva norma, presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacan la reforma del Código Penal para penalizar los deepfakes (ultrafalsificaciones usando el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento) de contenido sexual y el grooming (el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia, sobre todo, en términos de edad) que será un agravante para ciertos delitos sexuales; la obligación de que todos los dispositivos digitales incluyan un sistema de control parental accesible y gratuito, activado por defecto; o la prohibición del acceso de menores a los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas (loot boxes).

Además, esta reforma incide en el refuerzo de la educación digital en los centros educativos, con formación específica en el uso responsable de la tecnología; la creación de una Estrategia Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia en el entorno digital; medidas específicas para prevenir la adicción a las tecnologías y la protección de víctimas de violencia digital; así como ahonda en la protección ante cualquier tipo de violencia de género o sexual en el ámbito digital, al reconocer la condición de víctima y, por tanto, sus derechos y el acceso pleno a los servicios de información y orientación, de acogida y asistencia psicológica, social y jurídica.

El proyecto de ley también establece nuevas obligaciones para operadores de comunicación y creadores de contenido digital. En este sentido, se reformará la Ley General de Comunicación Audiovisual para exigir a las grandes plataformas y influencers mecanismos de verificación de edad, separación de contenidos sensibles y enlaces directos a canales de denuncia. Además, la edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales se elevará de 14 a 16 años.

Además de las modificaciones que se incorporan al Código Penal, se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para permitir la intervención judicial a la hora de ejecutar la medida de interrupción de un servicio digital que ofrezca un acceso ilimitado a contenido perjudicial para las personas menores, o la de retirada de dicho contenido.

"Es nuestra responsabilidad, como sociedad, garantizar que la infancia y la adolescencia crezcan en un entorno digital seguro, libre de amenazas y respetuoso con sus derechos", ha concluido Montilla. "Este Gobierno seguirá trabajando para que la tecnología sea una aliada del desarrollo y bienestar de las nuevas generaciones".

Con esta norma, España se posiciona como referente en Europa en la defensa de la infancia y la adolescencia en el mundo digital, avanzando hacia un futuro en el que el acceso a la tecnología esté acompañado de seguridad, educación y equidad.