La empresa que construirá la gran planta solar de la Vega de Granada busca "soluciones" al trazado de la línea de evacuación

Granada/La empresa Magnon Green Energy, que desarrolla el proyecto de la gran planta fotovoltáica de la Vega de Granada, ha asegurado este jueves que está estudiando "posibles soluciones a la actual propuesta del trazado de la línea eléctrica de evacuación" de la energía generada por las parques fotovoltaicos Atarfe I, II y III, que según han asegurado "ha levantado cierto rechazo en algunos grupos de interés del entorno". Uno de los últimos en unirse a este rechazo ha sido el del Ayuntamiento de Santa Fe, uno de los municipios afectados por esta futura línea de cableado, que aprobó en pleno el pasado martes pedir a la Junta de Andalucía a que no otorgue la declaración de utilidad pública ni a la infraestructura ni a la línea de evacuación.

En un comunicado remitido a este periódico, la empresa ha asegurado que el uso de energías renovables contribuye a preservar el medioambiente y asegurar el desarrollo sostenible y la innovación. Y que su proyecto de Granada "sin duda avanza en esa dirección".

"Magnon Green Energy es un inversor responsable y, como tal, desde el origen del proyecto fotovoltaico que se desarrolla en Granada no solo se cumple escrupulosamente toda la legalidad vigente, sino que se han contemplado medidas adicionales para asegurar el máximo respeto al entorno y al cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad", han destacado.

La compañía ha asegurado que como parte de su política de transparencia y apertura al entorno, mantiene activamente "una línea abierta con todas las partes interesadas, incluidas administraciones locales y asociaciones", y hace hincapié en su predisposición "a escuchar y a dialogar con todas ellas".

El rechazo que ha encontrado la compañía al proyecto se centra sobre todo en la línea de cableado que recogerá y enviará la energía generada por las 121 hectáreas de placas solares hasta la subestación de energía en Atarfe, y no tanto a la instalación en sí de las placas solares, que se levantarán en un terreno arrendado a tal fin a sus propietarios. La línea de cableado discurrirá por Santa Fe, Pinos Puente y Atarfe en una sola línea unificada para tratar de minimizar el impacto.

Rechazo unánime en pleno

La reacción de la empresa llega tras la aprobación de forma unánime de una moción en el Ayuntamiento de Santa Fe instando a la Junta de Andalucía a que no otorgue la Declaración de Utilidad Pública a los parques fotovoltaicos Atarfe I, II y III. Una moción que ya había sido debatida en diferentes plenos desde que en 2022 se conociera el proyecto, y que ahora ha sido aprobada por todas las partes (PP, PSOE, IU y Vox).

La moción, presentada de forma conjunta por IU, PSOE y Vox, sirve para pedir que se detenga el proyecto, pero la Junta de Andalucía no tiene imperativo legal de hacer caso de la petición del municipio granadino. Pero si se suma a las movilizaciones y a la denuncia ante la Fiscalía que varios grupos ecologistas han registrado hace varios meses en contra del proyecto.

"Esta moción sirve para presionar, para mostrar que este municipio se opone a este macroproyecto. Es una declaración de intenciones, un posicionamiento en contra de que Santa Fe se convierta en una tierra de sacrificio en favor de los oligopolios eléctrico mientras destrozan nuestras tierras. Son proyectos especulativos cuyo fin último es acabar como Medina Elvira en Atarfe, en una zona fantasma. Si esto acaba yendo a la justicia, quiza entonces el votar esta moción sea importante porque el juez verá que el sentir popular es un clamor y frene esta planta al no ser de interés general para el municipio", destacó durante el pleno el concejal de IU, Nabil Finsi.

Por su parte, el alcalde, Juan Cobo (PP) , justificaba el voto a favor asegurando que desde el Ayuntamiento "estaremos muy vigilantes para defender nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestra Vega y nuestros chopos", indicando que el proyecto todavía tiene un largo recorrido antes de su construcción y que todavía hay mucho que negociar. "En el caso de que se tengan que hacer por imperativo legal no queda otra que someterse a ello, pero de la mano de la empresa y de las administraciones trataremos de minimizar el impacto en los terrenos", concluía.