Un juzgado inhabilita siete años al aparejador del Ayuntamiento

El juzgado de lo Penal número 1 de Motril ha condenado al aparejador municipal de Almuñécar a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público y a una multa por permitir el desarrollo de una vivienda de la esposa del arquitecto municipal pese a que incumplía normas urbanísticas.

El fallo del juez, contra el que cabe recurso de apelación, condena a Gerardo G.V. como autor de un delito contra la ordenación del territorio a la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (4.230 euros en total) e inhabilitación por tiempo de siete años.

El juzgado considera como hechos probados que la esposa del arquitecto municipal de Almuñécar solicitó en el año 2000 la licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en la localidad y presentó para ello un proyecto, que le fue concedido previo informe favorable del acusado en su calidad de aparejador municipal.

Finalizada la obra en el mes de agosto de 2002, indica la sentencia, el procesado emitió informe favorable a la concesión de licencia de primera ocupación.

Las obras fueron denunciadas ante la Unidad de Gestión y Disciplina Urbanística de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, iniciándose un expediente en el que se instó al Ayuntamiento para que procediera a la revisión de la licencia concedida, sin que por el Consistorio se haya procedido a la revisión.

Según precisa la resolución, el terreno sobre el que se llevó a cabo la construcción está calificado por el PGOU como suelo urbano, si bien la obra realizada excede el número de plantas permitidas; la edificación incumple la obligación de quedar por debajo de un plano paralelo a la rasante natural del terreno y situado a seis metros de altura y excede del máximo permitido de edificabilidad.

La sentencia indica que el acusado, conocedor de la normativa urbanística, así como de la "contravención" de la edificación a la legislación, informó favorablemente la concesión de las licencias.