El megaproyecto fotovoltaico de El Fargue llega al Parlamento andaluz

¿Qué actuaciones ha implementado el Gobierno andaluz para controlar el auge de megaproyectos fotovoltaicos en El Fargue? ¿Cómo valora las consecuencias de este tipo de instalaciones? Estas son algunas de las preguntas que el Ejecutivo autonómico deberá responder en el próximo Pleno del Parlamento a instancia de las preguntas registradas por Alejandra Durán, diputada por Granada y portavoz adjunta del Por Andalucía, que ha solicitado la comparecencia del gobierno en sede parlamentaria.

Para la diputada, la provincia de Granada "se ha convertido en uno de los territorios donde mayor despliegue de energías renovables se están instalando, cosa que sería buena si se hiciese correctamente pero no es así”, explica el partido en una nota, en la que denuncia que "las grandes empresas y fondos de inversión que promueven estos megaproyectos energéticos con la complicidad del gobierno de Moreno Bonilla y otras administraciones se están instalando el donde el gobierno del Partido Popular está facilitando que les resulte económicamente más rentable bajo una supuesta utilidad pública”.

La portavoz denuncia que este proyecto "no es bueno para Granada y una vez más se pretende burlar la normativa vigente, hablamos de un total de 10 hectáreas en las que se realizaría un daño irreparable con un fuerte impacto negativo ambiental y visual".

En total, serían tres los proyectos fotovoltaicos que se instalarían en una misma parcela de El Fargue por parte de la comercial Bobery Lane Estate SL, los cuales cuentan con calificación ambiental favorable del Ayuntamiento de Granada pese a que la parcela donde se quiere actuar está definida urbanísticamente en el PGOU vigente del 2000 como Suelo Rústico Preservado, uso característico agropecuario y y no urbanizable especial protección vertientes.

A su vez, la Junta de Andalucía publicó recientemente el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y de construcción para la llamada San Gregorio I, cuyo plazo de alegaciones concluye el 27 de mayo.

El anuncio ya ha provocado quejas por parte de los vecinos, que ha resultado en la creación de la plataforma SOS El Fargue, que ya trabaja en coordinación con colectivos como Ecologistas en Acción y vecinos de Víznar, donde recientemente se frenó un proyecto similar conocido como Fargue 1.