La nueva sede judicial de Órgiva comenzará a construirse en noviembre tras 15 años de espera
El consejero de Justicia de la Junta anuncia que ya se ha firmado el contrato con la empresa adjudicataria para iniciar las obras de manera “inminente, en menos de 30 días”
La Granada judicial de 2030: así queda la planificación de sedes
Granada/La comarca de las Alpujarrade Granada tendrán muy pronto nueva sede judicial después de que el proyecto haya estado parado durante 15 años. Según ha informado este miércoles el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, las obras para la construcción de la nueva sede de Órgiva comenzarán “de manera inminente, en menos de 30 días”. De esta forma, este nuevo espacio comenzará su construcción en el próximo mes de noviembre.
Nieto ha detallado que este mismo martes 22 de octubre, la Junta de Andalucía firmó el contrato con la UTE adjudicataria, formada por Soluciona Obras y Servicios y Lirola Ingeniería y Obras, para la ejecución del edificio en un plazo de 14 meses. El presupuesto total supera los 5,6 millones, incluyendo la dirección facultativa.
Nieto ha defendido en Comisión parlamentaria que se están cumpliendo los plazos fijados para dotar a la localidad granadina de un edificio que unifique las dos sedes actualmente dispersas -una en propiedad y otra en alquiler- y resuelva los problemas de espacio y de accesibilidad que presentan. Se trata de un proyecto “prioritario” en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 y un compromiso personal del actual Gobierno con un municipio "al que anteriores ejecutivos llevaban prometiendo una nueva sede judicial desde 2009".
El partido judicial de Órgiva presta servicio a 24.000 vecinos de 26 municipios, muchos de ellos pequeños y con su población diseminada en núcleos principales y pedanías. Cuenta con dos juzgados mixtos repartidos en dos edificios con 360 metros cuadrados, uno propiedad de la Junta situado en la calle Fleming y otro en la calle Estación alquilado, cuyo arrendamiento supone un coste anual de 15.196,92 euros. Ambos carecen de espacio para adecuar las instalaciones a las necesidades actuales y a futuros crecimientos posibles. “En 720 metros cuadrados, que el espacio mínimo para un juzgado, tenemos dos”, ha señalado Nieto, además de tener problemas de accesibilidad debido a barreras arquitectónicas que no se pueden eliminar.
Así será la sede
La nueva sede multiplicará el espacio disponible y se ubicará en área de expansión de la localidad y plenamente accesible, un solar de 992 metros cuadrados situado en la avenida González Robles. El edificio proyectado alcanza una superficie construida de 2.515,34 metros, repartida en plantas sótano, baja, primera y segunda. Albergará una sala de vistas, dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, las dependencias de la Fiscalía, el Servicio Común, el Registro Civil, despacho para el Juzgado de Guardia, espacio para los Colegios Profesionales, el servicio de mediación, la consulta médico-forense, área de detenidos y archivos. También incorporará una sala multiusos y sala Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas que evite a las víctimas más vulnerables tener que declarar varias veces durante el proceso judicial.
Para agilizar los trámites, se sacaron a licitación a la vez tanto la dirección facultativa de la obra, a la que se presentaron seis empresas, como la ejecución, con 13 candidatas interesadas. Finalmente, el proyecto ha sido adjudicado a la UTE formada por la empresa murciana Soluciona Obras y Servicios y la almeriense Lirola Ingeniería y Obras, con sede en El Ejido.
El consejero ha defendido que esta proyecto forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales y es un ejemplo del compromiso de la Junta de actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales para resolver los problemas las sedes judiciales, no solo de las capitales, donde se completará la red de Ciudades de la Justicia, o grandes municipios sino también en zonas rurales como Órgiva, que da servicio a los municipios de Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bubión, Busquístar, Bérchules, Capileira, Carataunas, Cádiar, Cástaras, Cáñar, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Pampaneira, El Pinar, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor.
El objetivo, según ha concluido Nieto, es que los habitantes de estos municipios cuenten con “los mismos servicios” que el resto, contribuyendo así fijar la población en comarcas rurales de interior como La Alpujarra granadina.
Plan de infraestructiuras judiciales para Granada
El Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) está dividido en cuatro fases bianuales hasta 2030 para definir planes, impulsar proyectos, elaborar y solventar problemas de tramitación o financiación y ejecutar proyectos iniciados en fases anteriores. Y en todas las fases hay actuaciones previstas en Granada.
En la fase I hasta 2024 se recoge la "compra nueva sede" en Granada, la del Cubo, que tiene que firmarse este año. La fase II (2025-2026) recoge la "adaptación de esta nueva sede", que será la que permita adaptar este edificio a las necesidades de los juzgados, con salas de vistas, despachos y otras necesidades específicas. La fase III (2027-2028) incluye una nueva actuación en "rehabilitación de edificios históricos" y la mejora en el partido judicial de Loja de la eficiencia energética, y para la ultima fase, la IV, a desarrollar entre 2029 y 2030, se reserva el mayor número de actuaciones: mejoras de eficiencia energética en las sedes judiciales de Baza y Huéscar, ampliación del complejo judicial de Motril y renegociación y ampliación del alquiler en la sede judicial de Almuñécar.
De edificios de nueva construcción en Andalucía incluidos en el plan, 27 en total, solo dos son para Granada: la ampliación de Motril, para lo que se estiman 2,5 millones, y la obra nueva ya mencionada de Órgiva por 4,2 millones. En cuanto a la rehabilitación, no hay intervenciones en Granada, que sí está en el capítulo de "edificios que requieren de adecuación". Estos son la Chancillería, donde se invertirán 1,1 millones; la sede de la Caleta, donde se destinarán 5,1 millones en mejoras una vez desalojada la jurisdicción civil al Cubo, y los 12,4 millones para la adecuación del Cubo a sede judicial además de la inversión de la compra.
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