La Plataforma en Defensa del Río Castril acusa al Tribunal Supremo de "premiar la mala gestión" del agua en Baza

Granada/La Plataforma por la Defensa del Río Castril se ha pronunciado tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo (TS) que avala la legalidad del trasvase de las aguas del río Castril para abastecer de agua la comarca de Baza. Los representantes consideran que con la decisión tomada "premia la mala gestión del agua" en la comarca "consentida", a su juicio, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "permitiendo la proliferación de pozos y riegos ilegales" que han dañado los acuíferos.

El colectivo se ha pronunciado de este modo después de que el alto tribunal haya declarado inadmisible el recurso presentado por los ayuntamientos de Castril de la Peña y Cortes de Baza contra el Real Decreto por el que se aprobó la revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir y haya avalado las obras del trasvase desde la presa el Portillo hasta el municipio de Baza para garantizar el abastecimiento.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechaza las pretensiones de estos ayuntamientos que, junto a la Plataforma para la Defensa del Río Castril, solicitaron que se anulara la aprobación de la obra de emergencia para la conducción de abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo. Los demandantes mantenían que estas obras carecían de respaldo legal y se habían ejecutado mediante un procedimiento también irregular, extremos que ha descartado el Alto Tribunal tras analizar toda la documentación del expediente.

La plataforma lamenta este fallo porque "elimina de un plumazo cualquier tipo de alegación en contra de un proyecto viciado y con un largo recorrido en los tribunales" como es la construcción de la conducción desde el embalse de El Portillo hasta Baza cuyo propósito es llevar agua al entorno de Zújar, Baza y Freila con unos determinados parámetros.

Igualmente, consideran un "atropello" que un municipio cabecera de comarca como es Baza quiera "pisotear los intereses de un municipio pequeño" y advierten de que seguirán defendiendo el río Castril, su entorno y su vida "donde haga falta".

La demanda se refería a las obras realizadas en los años 2008-2009 y 2010 y las restantes proyectadas en el valle del río Castril para el trasvase desde el río Castril hasta Baza, cuya infraestructura se recoge en el programa de medidas de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

El recurso se planteó para dejar sin efecto la actualización de varios planes hidrológicos aprobados por el Gobierno central en enero de 2023 para responder a la situación de sequía, medidas que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado de febrero del año pasado. Aunque poco después el Ayuntamiento de Cortes de Baza retiró su acción judicial, las otras dos partes mantuvieron sus pretensiones ante el TS, al que pidieron que se anulase el texto que permitía un trasvase de agua desde Castril a Baza para garantizar el abastecimiento de agua para sus vecinos.

Solicitaron además que se ordenase la retirada de las tuberías colocadas "sin respaldo legal", al considerar que el trasvase se aprobó por una vía de emergencia carecería de validez jurídica por apoyarse en un decreto antiguo.

Aunque los recurrentes han justificado la petición de paralizar el trasvase de Castril en su impacto en el medio ambiente y han denunciado la ausencia de un estudio de impacto ambiental, el Supremo ha atendido la postura de la Abogacía del Estado que ha justificado que se trata de una pretensión inadmisible.