La Plataforma en Defensa de la Vega de Granada pide "un cambio radical" en la política energética

La Plataforma en Defensa de la Vega de Granada, que engloba a varios colectivos ecologistas de esta zona de la provincia, ha presentado, en el proceso de consulta pública del nuevo decreto de la integración y la mayor repercusión económica y social de las energías renovables que prepara la Junta de Andalucía una serie de aportaciones que, a su juicio, deben contribuir a un "cambio radical en la política energética y ambiental", que involucre también a las universidades y los expertos científicos.

En una nota de prensa, la Plataforma ha enumerado el decálogo que debería guiar ese cambio, y que empezaría por una moratoria sobre la instalación de renovables, especialmente en "todos los proyectos que provocan especial alarma", ya sea social o ambiental y pone como ejemplo tanto la vega granadina, como zonas de Jaén como Lopera o Arjonilla, donde se están arrancando olivos que afectan, según la Plataforma, a la economía de estos municipios.

El segundo punto consiste en la detención del despliegue de las renovables en estas zonas a la espera de los estudios científicos necesarios que permitan conocer el impacto de estas instalaciones. Esto llevaría al tercer punto, una nueva planificación de las renovables, teniendo en cuenta la opinión pública y los colectivos locales "que conocen cada territorio", aseguran desde la organización.

El siguiente paso del decálogo que propone la Plataforma sería, lógicamente, realizar un seguimiento detallado de esa implantación y, en quinto lugar, dimensionar la instalación de renovables de forma acompasada con la demanda energética real, para evitar la pérdida de producción eléctrica.

En otro de los puntos, la Plataforma pide impulsar el desarrollo de plantas solares en zonas "antropizadas" como polígonos industriales, parkings o autopistas, para minimizar el impacto ambiental de las mismas, aseguran en la nota de prensa.

El séptimo punto del decálogo pasaría por analizar los problemas asociados al funcionamiento diario de estas instalaciones, a corto y medio plazo, y a su desmantelamiento; mientras que el octavo sería evitar la desigualdad en la implantación de megaproyectos fotovoltaicos, tanto a nivel autonómico como local.

Los puntos noveno y décimo van casi de la mano, y supondrían, por un lado, promover y fomentar ayudas públicas en Andalucía para que los hogares puedan instalar placas solares "sin ningún tipo de permiso" siempre que sean menores de 3,5 Kw y respeten la protección del patrimonio; y por otro, aumentar la participación pública e informar a las poblaciones rurales de las oportunidades reales de desarrollo.