La tensión vuelve a Maracena: el PP acusa al equipo de Gobierno de "continuas irregularidades" y el PSOE responde que quieren "enfangar la legislatura"

La tensión ha vuelto a instalarse en el Ayuntamiento de Maracena. Una situación que hoy se ha escenificado con dos ruedas de prensa: una por parte del Partido Popular, en la oposición; y otra por parte del PSOE, para responder al primero, actualmente en el equipo de Gobierno. Todo ello con el eco de la moción de censura aún resonando.

El primero en hablar ha sido Julio Pérez, actual portavoz del PP, quien ha dado cuentas sobre la apertura de diligencias previas por el juzgado número 1 de instrucción de Granada tras la denuncia presentada por el propio partido, que días antes de la moción de censura, que mostraba 16 años de prevaricación municipal por parte del PSOE.

Esta situación, en palabras de Pérez, viene a mostrar las "continuas irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno mientras estábamos en la oposición", ha dicho en referencia clara al PSOE, destacando después qyue "da la casualidad" de que gran parte de aquella formación "conforma el actual equipo de gobierno".

El que fuera regidor de la localidad metropolitana ha detallado cómo "el delito concreto que se ha incubado aquí es por no seguir las directrices que marca la Ley de Contratos del sector público" que fija el máixmo para contratación en 15.000 euros sin licitación, mientras que el Ayuntamiento, según el edil, ha contratado varias servicios con una empresa hasta alcanzar los 900.000 euros, con solo dos licitaciones, "una no llega a los dos a los 2.000 y otra supera por poco los 14.000".

Ante estas acusaciones, el actual alcalde ha calificado como "clamorosa" la denuncia del Partido Popular "por lo obvio de su intención", pues para el socialista el Partido Popular busca "busca enfangar jurídicamente esta legislatura".

Porcel ha mostrado la documentación donde el abogado que se persona en nombre de Julio Pérez es el mismo que contrató en el Ayuntamiento el propio Pérez cuando era alcalde. "Está claro que ha estado utilizando los medios públicos para sus intereses políticos, porque ese abogado fue contratado por el ayuntamiento sin ningún procedimiento, ni informe preceptivo del funcionario competente”, ha recalcado. “Es más, es un concejal del equipo de gobierno de Pérez el que se arroga esa competencia de manera impropia, y con una clara intención política".

Además, "y queda acreditado por registro", el abogado contratado por Julio Pérez en el Consistorio solicita voluntariamente terminar con su servicio en el mismo una vez llega a término la moción de censura y el Partido Popular es desalojado de la Alcaldía. “Eso indica la intención y vinculación política de dicha contratación, cuando ese mismo abogado asume la defensa de la denuncia contra el propio ayuntamiento”, concluye Pocel.

Una denuncia dividida en bloques

Las diligencias que ha abierto el Juzgado de Instrucción 1 de Granada supone uno de los tres bloques en los que el propio órgnao decidió dividir los presuntos delitos apuntados por Julio Pérez, días antes de dejar el cargo por una moción de censura.

El auto del juzgado instructor señala que los hechos que aparecen reflejados en la denuncia que interpuso Pérez ante la Guardia Civil "pueden y deben" instruirse por separado, una decisión para evitar que la instrucción se complique "sobremanera".

Con esta decisión, el juzgado anuncia que se encargará de la investigación del primer caso, conocida como carpeta 1, y apunta que procede que se repartan los otros dos, uno referido a la compra de mascarillas durante la pandemia, y otro vinculado a la gestión de un periódico local, entre los Juzgados de Granada.