Trece personas se sientan ante el juez por crear una fábrica ilegal de tabaco en Granada

Podrían ser condenados a penas de entre 6 y 14 años de prisión por desarrollar esta actividad en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida, en Ventas de Zafarraya

La Fiscalía de Granada pide 14 años para trece acusados por la fábrica ilegal de tabaco en Ventas de Zafarraya

Fábrica de tabaco ilegal intervenida | Imagen de archivo
Fábrica de tabaco ilegal intervenida / G. H.

Granada/Este lunes 14 de octubre, un total de 13 personas miembros de una presunta organización criminal se sentarán en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada en el marco de una investigación por "la instalación, puesta en marcha y explotación de una fábrica ilegal de tabaco ubicada en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida", concretamente en Ventas de Zafarraya, en la comarca del Poniente de Granada. Se enfrentan a penas que van desde los seis hasta los 14 años de prisión acusados de los delitos de organización criminal, contrabando y delito contra los derechos de los trabajadores.

La petición de las penas de catorce años de prisión son para un ciudadano español y otro ruso, a los que la Fiscalía sitúa en la cúspide de una organización acusada de activar la fábrica, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público. El resto, de resultar condenados, habrían de pagar cantidades que van desde los alrededor de 1,5 a los más de tres millones de euros. Este juicio estaba previsto para el pasado 15 de enero, pero tuvo que ser suspendido tras no personarse varios acusados.

Los procesados son diez españoles, quienes, junto con el ciudadano ruso y otros dos de nacionalidades ucraniana y sudafricana, se habrían puesto de acuerdo en 2017 para desarrollar sus operaciones entre la Axarquía de Málaga y la comarca del Poniente de Granada a fin de "obtener beneficios económicos ilícitos" con la citada fábrica de tabaco de contrabando, dentro de una nave que habrían hecho pasar por agrícola junto a la carretera A-402.

La organización criminal habría funcionado con arreglo a criterios jerárquicos, con las tareas "perfectamente repartidas", las cuales sólo habrían cesado una vez se produjeron la entrada y registro judiciales del 5 de diciembre de 2017. En la cúspide había un tercer individuo que no ha sido localizado.

El ciudadano ruso y su lugarteniente, el procesado de nacionalidad ucraniana, tenían supuestamente experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este, detalla el fiscal. Precisamente de Ucrania eran la mayoría de trabajadores de origen extranjero sin permiso, que se habrían desplazado para la producción de cigarrillos que posteriormente se distribuían con el nombre comercial de J5, en una actividad comercial no declarada ni sometida a impuestos.

Habrían llegado a trabajar desde las 08:00 a las 18:00 horas "con apenas 20 minutos de pausa para comer un bocadillo que les era facilitado y todo ello a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 500 y los 700 euros mensuales que no consta que se hubiera abonado en ningún caso".

El 5 de diciembre, en paralelo, se produjeron entrada y registro judiciales también en un almacén de Chauchina, "decomisándose numeroso aparataje, maquinaria, vehículos, embalaje y tabaco en diferentes formas". En la nave se incautaron un total de 37 cajas de picadura, y 132 con miles de cajetillas de cigarrillos, entre otro material. La valoración de mercado de la mercancía intervenida ascendía a más de 1,1 millones de euros, multiplicando "por 75,87 veces la que delimita el delito de la mera infracción administrativa".

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