el poliedro
Tacho Rufino
¡Regale usted inteligencia!
La Ley Celaá salió adelante en el día de ayer por 177 votos a favor en el congreso, a tan sólo un voto de su interrupción. Entre las medidas más llamativas de esta nueva ley se encuentra la eliminación del castellano como lengua vehicular y dejará de ser oficial en la Educación. Esta medida ha causado un gran revuelo en la sociedad que ha visto como se hará efectiva próximamente.
Este paso adelante en la reforma educativa de la Lomloe, sigue siendo desconocida para muchas personas que aún no saben qué cambios habrá en la manera de educar a sus hijos, qué será prioritario y qué no o incluso las fórmulas para repetir curso. Sea como fuere, la nueva ley que ha sido apoyada por el PSOE, ERC y Unidas Podemos, formará parte de la vida educativa de España.
El artículo número 3 de la Constitución Española no es únicamente lo que trastoca la Ley Celaá. A continuación, enumerados los 10 puntos clave que desgranarán el futuro de la educación española:
""El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Esa es una de las frases que se encuentra dentro del artículo 3 de la Constitución Española. Con la nueva Ley Celaá, esto cambia. Ahora, todo queda en manos de unas comunidades autónomas que deberán ser las encargadas de garantizar el aprendizaje de esta lengua, ya que al finalizar la educación básica, los jóvenes deben tener un perfecto conocimiento de ella.
Los centros públicos y privados no podrán recibir dinero de las familias ya que la nueva ley considera innecesario este tipo de incentivos por una educación que debe ser de carácter gratuito. Además, con este tipo de medidas se intenta abolir la disgregación al alumnado ya que las comunidades deberán establecer "una proporción equilibrada del alumnado". Además, en este favor por la educación gratuita, las actividades extra escolares de pago no podrán estar dentro del horario escolar establecido. Por último, los estudiantes no podrán repetir más de una vez en primaria y más de dos en la enseñanza obligatoria.
La religión es otra de las asignaturas que están en el punto de mira de la Ley Celaá. Los centros estarán en su derecho de impartirla pero el alumnado no tiene que aprenderla de forma obligatoria ya que es una cuestión que entra dentro de lo personal. Por ello, la religión quedará para aquellas personas que sí crean que merece la pena su aprendizaje para formarse como personas, aunque la nota que saquen no estará reflejada en los expedientes.
El alumno modélico que propone la nueva Ley Celaá podrá, entre otras cosas, realizar el bachillerato en tres años. Además, el profesorado podrá decidir si obtiene el título aunque tenga suspensa una asignatura. Si van mal en los estudios, podrán matricularse en un programa de diversificación curricular que les permitirá pasar de curso. Por otro lado, desaparece la denominada reválida y aparecen las evaluaciones diagnósticas en las que se reflejará cómo va el alumno y la adecuación del sistema educativo entre ellos.
En otro orden de cosas, el bachillerato suma una nueva rama llamada "General" y los ciclos de primaria se englobarán en dos cursos. Por último, los alumnos tendrán un número identificativo para que su seguimiento e información más relevante pueda ser tratada mas eficientemente por los centros educativos.
Si antes todo el ámbito educacional estaba dirigido por el Gobierno central, ahora son las Comunidades Autónomas las que tendrán más importancia y poder de decisión en este ámbito. El 50% de los curriculum será parte de la formación de las comunidades con lengua cooficial. Además, los centros educativos también tomarán cartas en el asunto en una proporción que también será establecida por los gobernantes de los diferentes territorios.
Los centros que reciban alguna prestación de los fondos públicos, por mínima que sea, deberán tener unos principios de coeducación en todos los niveles educativos y bajo ningún concepto podrán divirsir al alumnado en función de su sexo. Además, las comunidades deberán alzar la figura de la mujer en el ámbito educativo y en las distintas ramas de estudio. Este apartado no sólo va relacionado al alumnado, los profesores tendrán que llevar a cabo estas prácticas, al igual que para sus puestos profesionales y también deberá quedar reflejado en los libros.
La educación especial es uno de los temas que más revuelo está causando con la nueva ley. En este sentido, la ley recoge que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Aunque a corto plazo se mantendrá lo ya establecido, poco a poco se irá normalizando y se procederá a la inclusión de estos jóvenes en las aulas. Para algunos padres este tema es muy delicado porque sus hijos pueden sufrir en este cambio.
Otro de los aspectos destacables que recoge la Ley Celaá es conocer por parte de los alumnos la historia de la democracia. Deberán tener un conocimiento absoluto sobre ella y los diferentes puntos de vista que se han ido dando a lo largo de los años. El objetivo de este apartado es consolidar el civismo en la población joven y que éstos puedan ser personas más libres y con un sentido crítico acorde a los tiempos que corren.
Uno de los objetivos prioritarios de esta nueva ley es educar sobre la salud y las buenas costumbres. En los primeros años de educación, el alumnado deberá saber las diferencias culturales y respetarlas. Además, se hará especial mención a las diferentes orientaciones sexuales o diferentes tipos de creencias. Por otro lado, se agilizará la innovación de los centros de cara a un futuro más sostenible y deberán reducir el impacto ecológico. Para ello, se facilitará el aprendizaje de todas las nuevas herramientas digitales para crear entornos escolares más seguros.
Aquellos profesionales que no cumplan con su labor o no muestren disposición por aplicar las nuevas medidas e ideales, podrán ser apartados de su puesto y acometer "tareas que no requieran atención directa con el alumnado". En relación a esto, se afirma en la ley que el consejo escolar tendrá mucha más participación para tener posibilidades de expresión más firmes.
En otro orden de cosas, Isabel Celaá defiende la profesionalidad de los docentes pero también afirma en la ley que en situaciones como la actual pedir por ejemplo un máster específico o una sobrecualificación no deben ser necesario. Esta decisión ha sido defendida por Celaá afirmando que "no resulta aceptable que haya grupos de estudiantes sin docentes", mientras que se les pide unos estudios determinados.
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