El Gobierno pone las instalaciones sanitarias privadas a disposición de las consejerías

El Gobierno ha puesto a la orden de las consejerías de Sanidad autonómicas las instalaciones sanitarias privadas y les permitirá que habiliten para el uso sanitario espacios públicos y privados que reúnan las condiciones necesarias para atender la crisis sanitaria del coronavirus.

Son medidas que ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha comparecido junto a los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Transportes, José Luis Ábalos, para hacer balance de la crisis por la pandemia, que ya se ha cobrado la vida de 288 personas en España y acumula 7.753 contagios, y el estado de alarma decretado para frenarla.

Tras agradecer el "comportamiento cívico" de los ciudadanos ante unas "circunstancias extraordinarias" que han obligado a medidas excepcionales y su gesto de agradecimiento hacia la "lección de heroicidad" del personal sanitario, además del trabajo de los departamentos autonómicos, Illa ha desgranado tres bloques de medidas en el ámbito sanitario por el estado de alarma.

Medidas en el ámbito sanitario

El primero es el de reforzar el sistema de salud favoreciendo el uso de nuevos espacios públicos y privados tanto para consulta como hospitalización y la prórroga de los facultativos residentes (MIR) en último año de especialidades como geriatría, medicina del trabajo, intensiva, interna, preventiva, neumología, radiodiagnóstico y parasitología, entre otras.

El ministerio también autoriza la contratación de personas con grado pero sin título de especialista en los casos en que hayan aprobado el MIR sin obtener plaza, o si han obtenido título de especialista fuera de la Unión Europea y están en trámite de ser reconocidos con evaluación favorable.

Un segundo bloque de medidas para asegurar el suministro radica en el otorgamiento de un plazo "improrrogable" de 48 horas para que aquellos agentes que dispongan en stock de productos sanitarios de interés lo pongan en conocimiento de Sanidad. Se trata de mascarillas quirúrgicas, kits de diagnóstico, isótopos, gafas de protección. Además, las empresas que dispongan de capacidad de fabricación de este material deberán advertirlo en un plazo de 48 horas.

La orden incorpora además, con el objetivo de garantizar el suministro de datos y ordenarlo, un sistema para dar los datos una vez al día, cada jornada a media mañana, y suministrarlo de forma homogénea. También exige a las consejerías instrucciones para que remitan planes de contingencia ante la crisis sanitaria.

Sanidad agilizará los test del coronavirus tras haber realizado más de 30.000

El Gobierno trabaja en un nuevo procedimiento y un nuevo método para aumentar la capacidad logística para practicar más pruebas de test de coronavirus tras haberse realizado ya más de 30.000. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comprometido un esfuerzo "importante" para ampliar esta capacidad de realización de pruebas "con rapidez y seguridad".

La presencia del Ejército se extenderá a todo el territorio: "No se conocen fronteras"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que las Fuerzas Armadas extenderán a toda España sus labores de colaboración para evitar la propagación del coronavirus, sin tener en cuenta diferencias geográficas. "No se conocen fronteras", ha dejado claro la ministra.

Robles ha explicado las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa, entre ellas el despliegue de la UME para labores de desinfectación, la llamada a sanitarios en la reserva o la producción por la farmacia militar de medicamentos o productos higiéncios necesarios.

Pero además, la UME y el Ejército de Tierra realizarán tareas de ayuda a las personas sin hogar para garantizar que disponen de comida o medios de abastecimiento.

Ábalos dice que debe ser compatible evitar el contagio y garantizar la movilidad

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha explicado que la lucha contra el coronavirus exige "sacrificios" aunque se ha mostrado convencido de que evitar el contagio y garantizar la movilidad básica "pueden y deben ser compatibles".

El ministro ha dicho que en los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total se reduce en un 50 por ciento, salvo en conexiones ferroviarias de cercanías que se incrementa, aunque la oferta se irá ajustando en los próximos días pero siempre "evitando la masificación".

A nivel autonómico y local, cada autoridad "podrá fijar porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estimen convenientes", según el ministro, quien ha precisado que los sistemas de venta de billetes online deberán incluir un mensaje que desaconseje viajar, salvo por razones inaplazables

En el caso de los archipiélagos de Baleares y Canarias, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Gobierno planteará este lunes algunas órdenes con respecto a la "particularidad en la movilidad y el transporte" en esos territorios.

Sin incidentes reseñables en el primer día de alerta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado la práctica ausencia de incidentes reseñables en el primer día del estado de alerta y ha resaltado el civismo de los ciudadanos, que han tenido un comportamiento "encomiable". Como mando único de todas las fuerzas de seguridad del país, ha alabado la profesionalidad de los agentes en su labor de controlar los movimientos de los ciudadanos.

El objetivo de todos los agentes es proteger la salud de los ciudadanos, apoyar la labor de los sanitarios, asegurar el funcionamiento de las infraestructuras críticas y garantizar el suministro alimentario y bienes de primera necesidad, ha enfatizado el ministro.

Transeúntes que no han respetado las restricciones, locales que han abierto a pesar de la prohibición o fiestas en domicilios tampoco permitidas han sido algunas de las infracciones que se han producido en este "día 1" del estado de alarma, para el que el Ministerio del Interior ha fijado "criterios comunes de actuación" para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Sanciones por incumplimientos

El incumplimiento de las limitaciones por el estado de alarma puede acarrear sanciones para los ciudadanos que van desde multas de 100 euros hasta pena de tres meses de cárcel por un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.

Ademas de controlar el movimiento de personas o el cierre de establecimientos, la Policía Nacional ha anunciado que extremará la vigilancia para evitar el pillaje y los asaltos a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad.