“Hemos sido referente nacional en tomar medidas frente a la pandemia”

Como garantes del Estado de Derecho que son, el papel de los abogados siempre es fundamental y necesario, pero durante esta crisis sanitaria, la Abogacía granadina ha vuelto a demostrar que su labor es esencial –y así quedó recogido en la normativa durante el Estado de Alarma–. "Nuestros colegiados han estado más que a la altura, han velado y velan por los derechos de los ciudadanos en todo momento, incluso poniendo en riesgo su propia salud para cumplir con su misión profesional", asegura Leandro Cabrera, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

–¿Cuál está siendo el papel del Colegio? ¿Cómo ha afrontado la institución esta pandemia?

–Es precisamente en estos escenarios excepcionales cuando más patente queda la importante función de los colegios profesionales, que no es otra que proteger a sus integrantes y prestarles mejores servicios. En nuestro caso, hemos adoptado numerosas medidas para minimizar el impacto de la pandemia en el colectivo, tanto en términos de salud, como de efectos económicos. Entre otras acciones, hemos facilitado ayudas extraordinarias a los colegiados más afectados, hemos anticipado los importes del Turno de Oficio durante los tres primeros trimestres de 2020, suspendimos las cuotas durante varios meses, anulamos el servicio de préstamo de togas, adecuamos las sedes a los protocolos de seguridad…, además de hacer valer gran parte de nuestras reclamaciones para un mejor funcionamiento de la Justicia ante el resto de operadores jurídicos. De hecho, el Colegio de Abogados de Granada ha sido referente a nivel nacional en la toma de medidas frente a la pandemia y así nos lo hizo saber la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

–¿A qué desafíos se enfrentan los letrados y el Colegio de Abogados?

–Siguen existiendo escollos que superar y, conforme evoluciona la situación, surgen nuevos desajustes que necesitan una respuesta clara y contundente por parte de las Administraciones. Para el Colegio, regular las causas de suspensión de juicios por motivo relacionados con la Covid-19, reducir el creciente colapso de los juzgados y garantizar que los abogados puedan desarrollar su ejercicio profesional sin cortapisas y con total seguridad son algunas de nuestras principales exigencias. Es una cuestión de respeto hacia nuestro trabajo. No se puede hacer esperar a un abogado en un pasillo o una escalera durante horas para una vista o impedir su entrada a una sede judicial. Nuestros colegiados son parte de la Administración de Justicia, igual que jueces o funcionarios, y los poderes públicos deben ser conscientes de que cualquier obstáculo a nuestro trabajo va en perjuicio de la ciudadanía. Además, reclamamos más inversión. Sin recursos económicos, materiales y humanos no podemos avanzar: no puede haber más jueces que agilicen el sistema, ni medidas de seguridad adecuadas, ni instalaciones dignas…

–¿Es más importante hoy que nunca la unión profesional bajo una corporación como el Colegio?

–A la vista está. Gracias a esta unión se han podido poner en marcha medidas que, de forma individual, hubieran sido imposibles o conseguir hacer valer reivindicaciones ante las Administraciones en base a la fuerza que representa el Colegio como corporación, sin obviar los acuerdos institucionales que benefician a todo el colectivo o la organización de una intensa agenda formativa y cultural para nuestro censo.

–Junto a este soporte que se presta al censo, ¿qué servicios ofrece el Colegio a la ciudadanía?

–La relación más directa del Colegio con el ciudadano se materializa a través del Servicio de Orientación Jurídica y Asistencia Jurídica Gratuita. Cualquier persona que tenga un problema legal puede acudir a nuestra sede de Cárcel Alta para recibir asesoramiento sobre los pasos a seguir.

–Este mes de diciembre se cumplen dos años desde su elección como decano. ¿Qué proyectos ha puesto en marcha la Junta de Gobierno?

–A pesar de que, en los últimos meses, la Junta se ha centrado en paliar los efectos del coronavirus, también hemos podido convertir en realidad gran parte de los proyectos que teníamos previstos, entre los que destacaría la habilitación de un nuevo espacio con salas y despachos polivalentes para el uso de los colegiados, la ampliación de los servicios de la sede electrónica del Colegio, la creación de la figura del Diputado de Guardia o el refuerzo de la comunicación con los colegiados mediante nuevos boletines informativos y buzones de sugerencias, además de estrechar las relaciones institucionales.

–¿Y qué retos tienen previsto acometer en 2021?

–La prioridad del Colegio es continuar trabajando para que ningún abogado se quede atrás con motivo de esta pandemia, adoptando las medidas que sean precisas. No obstante, también seguiremos avanzando en la renovación tecnológica de la Corporación con la herramienta e-Colegio, uno de nuestros objetivos más ambiciosos. Una de las enseñanzas que nos deja el coronavirus es, precisamente, la importancia de las vías telemáticas, de modo que se ha reforzado nuestra apuesta por la transformación digital de la Abogacía para poder prestar los mismos servicios a los colegiados y ciudadanos de forma virtual y continuar a la vanguardia en este aspecto, igual que hemos conseguido estar en otros ámbitos. Eso sí, si la Administración de Justicia no se moderniza, nuestros esfuerzos tendrán menor alcance. Debe ser un esfuerzo global.